Junts ligará los PGE a la cesión total de tributos

Siguiente meta de Carles Puigdemont, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ligarlos a cesiones en uno de los cuatro puntos principales del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, el relativo a seguir avanzando «en el reconocimiento nacional de Cataluña». Esto incluye reclamaciones como la de que la Generalitat se quede al margen del régimen común y se les ceda el cien por cien de todos los tributos que se recaudan en Cataluña, junto con el plan para facilitar el regreso de las empresas que trasladaron fuera su sede social durante el «procés».

PSOE y Junts se han metido de lleno, en las últimas horas, en un corrosivo choque de relatos sobre lo que realmente pactaron para desbloquear la aprobación de los tres primeros decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros, tan corrosivo como que las dos partes se dejan por mentirosas. Moncloa se ha visto obligada a activar todos sus resortes comunicativos para negar la versión que están dando los de Junts del pacto, a fin de intentar contrarrestar el golpe de efecto de Puigdemont que afianza la idea de que los socialistas están sometidos al chantaje permanente de Waterloo. Y Junts ha contraatacado y ya se ha fijado su siguiente meta, dentro de un objetivo superior que es lograr la desestabilización total de ERC en la Generalitat. El «golpe» de la semana pasada en el Congreso ha hecho daño a los de Oriol Junqueras, que ven cómo los socialistas, con quienes andan en plena negociación de los Presupuestos de la Generalitat, están colaborado con Junts en «echarles del tablero». Es un hecho que Puigdemont está «calentando» el mapa político catalán hasta convertirlo en un polvorín, que no se sabe por dónde va a estallar.

ERC depende de Pedro Sánchez para la estabilidad presupuestaria que necesita para este ultimo año de legislatura, dentro de una inestabilidad política, después de que Junts abandonara el gobierno, que coloca a Père Aragonés permanentemente en el alambre. Pero Junts no tiene ninguna atadura, e incluso la amnistía, de la que hoy termina el plazo de presentación de enmiendas, la dan ya por amortizada, con el revés de los movimientos judiciales imposibles, en la práctica, de impedir.

En todo caso, el siguiente «golpe» de Puigdemont vendrá con la negociación de los Presupuestos. Todavía ERC no ha hecho ningún gesto que desmienta que su pacto de investidura era también un pacto de legislatura, al contrario que Junts, que ha dejado bien claro, siempre que ha tenido oportunidad, que la investidura ya pasó, y que cada vez que el PSOE les vuelva a necesitar tendrán que pasar de nuevo por caja. Fuentes del partido de Puigdemont anticipan que la cesión de impuestos es la siguiente estación de un camino en el que la meta final es recuperar el control de la Generalitat. Están convencidos, por cierto, de que su estrategia está desgastando a ERC, pero también al PSC de Salvador Illa. Junts sabe que los PGE son la gran oportunidad que les queda para seguir apretando a Moncloa: con ellos aprobados, su fuerza de extorsión a los socialistas quedará notablemente rebajada ya que son la «carta» que Sánchez necesita para garantizarse, en principio, dos años de gobierno, contando con una posible prórroga de lo que se llegue a aprobar este año. Esto explica que su estrategia pase por vincularlos a la financiación de Cataluña, y que, como ocurre con la inmigración, vayan ligados a las estructuras del nuevo Estado catalán.

Junts sostiene que el Gobierno tiene manos libres para ceder a Cataluña el cien por cien de los impuestos, de acuerdo con lo pactado en la investidura de Sánchez, porque le basta con modificar, sin consenso con el resto de autonomías, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por el procedimiento de cualquier otra ley orgánica, es decir, con los apoyos necesarios en el Parlamento, 176 escaños.

La modificación de la LOFCA siempre ha respondido a la manifestación formal de un acuerdo en torno a un nuevo modelo de financiación de las autonomías, que ya tiene unos mecanismos de actualización a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En el mismo paquete que la financiación y los impuestos está la exigencia de forzar el regreso de las empresas que se fueron de Cataluña, un dolor de cabeza para el presidente del Gobierno, y un tema que ya ha formado parte de la negociación de los apoyos independentistas a los decretos votados la pasada semana. Entonces Junts ya redactó una propuesta de modificación de ley de sociedades de capital para que, en caso de discordancia entre el domicilio registrado y el domicilio real, «cualquier socio o accionista podrá instar la adecuación» entre los dos. «El órgano de administración o la junta general, según corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 285 de esta ley, quedará obligado a dicha adecuación, procediendo a modificar de inmediato el domicilio registral».

Cualquier socio o accionista podrá solicitar que «el informe de gestión regulado en el artículo 262 de esta ley incluya una comprobación expresa acerca del cumplimiento de estas obligaciones», añade la propuesta de modificación legal del partido de Puigdemont.