El Gobierno no sale de su asombro. Pocos días después de que Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, anunciara a bombo y platillo que rompía relaciones con el Ejecutivo, los posconvergentes decidieron este jueves «salvar» a Pedro Sánchez y permitir, con su abstención, tumbar una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible que pretendía imponer la revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares pactado en 2019 –que preveía el apagón progresivo entre 2027 y 2035– y permitir que se extienda la vida útil del parque atómico nacional. La enmienda no prorrogaba directamente las licencias, sino que abría la puerta a poder hacerlo, quitando los límites fijados por órdenes ministeriales.

En la práctica, su efecto jurídico era limitado, pero su valor político era enorme: ya que una mayoría parlamentaria a favor de la enmienda del PP habría forzado al Gobierno a reconsiderar su política energética.

Por eso, fuentes gubernamentales explican a este diario que el sentir del Ejecutivo era que Junts les propinaría «un tortazo» y se alinearía con los populares por tener un marcado perfil pro nuclear. «No les entendemos. La estrategia de Junts es incomprensible», explica un ministro, que admite que en Moncloa no sabían qué iban a votar los siete diputados de Puigdemont. No obstante, sí confirman a este diario que, pese al último órdago, se mantienen «vías abiertas de diálogo».

Por otra parte, fuentes de Junts aseguran que no podían darle al PP «un cheque en blanco». El expresidente catalán, empeñado en señalar al PSOE y al PP como parte de la política española que maltrata a Cataluña, quiso marcar distancias. En cierta manera, Junts se pudo permitir abstenerse porque, desde el punto de vista energético, la enmienda del PP no iba a tener mucho efecto ya que seguirá siendo el Gobierno, junto con el Consejo de Seguridad Nuclear, el que decida la prórroga de la vida de una central.

Fuentes conocedoras de la negociación explican a LA RAZÓN que el martes hubo una cena en una localidad belga a la que asistieron Puigdemont y el responsable de la patronal catalana, Foment, Josep Sánchez Llibre. Los empresarios, alienados con los intereses de las eléctricas –propietarias de las centrales–, presionaron tanto a Junts como a ERC para que apoyaran la enmienda del PP, puesto que para Cataluña la energía nuclear supone el 60% de la generación energética y cubre aproximadamente la mitad del consumo. Al final, Sánchez Llibre se fue de Bélgica con una abstención de Junts.

En verdad, para los posconvergentes la abstención actúa como un gesto de independencia calculada: no apoyan al Gobierno, pero tampoco se pliegan al bloque conservador, al que le quieren arrojar en Cataluña. De esta manera, los de Puigdemont creen que mantienen influencia sobre un sector clave para Cataluña y evitan que su voto sea interpretado como un aval a Sánchez. La portavoz Míriam Nogueras lo justificó aludiendo a que el debate nuclear «no se puede simplificar» y que la enmienda del PP «no era la vía».

Es decir, Junts prefiere que el asunto se negocie desde la gestión y no desde una maniobra política en una ley ajena (la de Movilidad). Y, además, en Madrid. Su abstención les preserva margen para participar en futuras decisiones sobre Ascó y Vandellós desde la Generalitat. Sánchez les debe una. El Gobierno llegaba en una posición incómoda: no quería oponerse de plano a las eléctricas, pero tampoco enfrentarse a Sumar.