Justicia se encomienda a la división de las asociaciones para frenar la huelga de jueces y fiscales

A solo cinco días de que comience la huelga indefinida convocada por jueces y fiscales, el Gobierno sigue sin cerrar un acuerdo con las asociaciones representativas de ambas carreras. En la tercera reunión celebrada ayer, el departamento que dirige Pilar Llop y el Ministerio de Hacienda mantuvieron su oferta de 46,7 millones de euros, insuficiente para la mayoría de las asociaciones, pues apenas cubre un 7 por ciento del 20% de pérdida de poder adquisitivo que acumulan en los últimos veinte años. Justicia instó a las asociaciones a aplazar la huelga al día 19 para tener tiempo para trasladarles una nueva propuesta el próximo martes. Dos de las cinco agrupaciones que convocaron la huelga –la Asociación de Fiscales y Foro Judicial Independiente– se mostraron a favor de posponer el comienzo de los paros, mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria consultarán a sus ejecutivas antes de tomar una decisión.

El tercer cara a cara entre los representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda con las asociaciones judiciales y fiscales –una mesa en la que también se sientan el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado– ha venido marcado por las primeras grietas que asoman, desde la anterior reunión, entre las siete agrupaciones de ambas carreras, una división que está por ver si termina debilitando el apoyo a la huelga indefinida.

Más allá de las diferencias sobre dónde situar la línea roja de sus reivindicaciones salariales (la brecha oscila ahora entre los 57 y los 74 millones de euros), las cinco asociaciones que desde un principio apoyan los paros – Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– siguen considerando insuficiente la propuesta económica de Justicia.

División asociativa

Tras elevar Justicia su oferta a un máximo de 46,7 millones (lo que se plasmaría en un aumento de menos de 450 euros brutos al mes, que quedaría reducido a 383 euros repartidos en catorce pagas), fuentes próximas a la negociación señalan que seis asociaciones se pusieron de acuerdo en reclamar 62 millones de euros para la subida retributiva, una propuesta que no convenció a la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, que en la reunión de la semana pasada situó el listón en los 74 millones de euros, inasumibles para Hacienda y a los que se sigue aferrando la APM.

Pero en este nuevo encuentro, tanto la Asociación Francisco de Vitoria como JJpD y APIF rebajaron de 62 a 57 millones sus pretensiones, mientas que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –que al igual que Juezas y Jueces para la Democracia no apoya la huelga indefinida– habría trasladado que se muestra conforme con la oferta económica del Gobierno.

Tras constatar la división asociativa, los representantes de Justicia y Hacienda optaron en un principio por enrocarse y mantener inamovible esa oferta de 46,7 millones, a la espera de que la disparidad de exigencias económicas termine por cuartear el apoyo a los paros en los próximos días. Aunque tras un receso de última hora, el secretario de Estado de Justicia instó a las asociaciones a retrasar del día 16 al 19 el comienzo de la huelga indefinida para dar tiempo al ministerio a trasladar a las asociaciones una nueva propuesta por escrito.

En el aire una reunión el día 18

Según explicó o el representante de Justicia, la intención del ministerio es presentar su oferta precisamente el día 16 (el lunes, San Isidro, es festivo en Madrid capital) y reunirse de nuevo el 18, a lo que las asociaciones replicaron instándole a poner negro sobre blanco esa propuesta antes del viernes.

Las fuentes consultadas apuntan que Justicia habría planteado, sin poner cifras, abrir una segunda fase de negociación con mejoras en trienios (los jueces se quejan de que se aplican sobre su primer salario y no sobre el actual) y en determinadas variables retributivas.

Mientras el ministerio de Pilar Llop sigue lidiando con las reclamaciones de jueces y fiscales, los funcionarios de Justicia tensan la cuerda en busca, también, de mejoras retributivas. Tras diez jornadas de paros de 24 horas, los sindicatos CSIF, STAJ, Comisiones Obreras y UGT han convocado una huelga indefinida a partir del próximo día 22, a la que están llamados los 45.000 funcionarios del sector, y una gran manifestación en Madrid tres días después para forzar al ministerio a negociar.

Huelga indefinida de los funcionarios

Los sindicatos dan diez días de plazo a Justicia para que les presente una oferta económica. Mientras tanto, avisa en un comunicado el comité de huelga, seguirán con unas movilizaciones que, recalcan, «paralizan la Administración de Justicia».

Y es que hasta el momento ya se han paralizado más de diez millones de expedientes administrativos y decenas de juicios, un colapso del que, dicen, «el Gobierno es el único responsable».

Por eso, ante la perspectiva de que sus reivindicaciones no encuentren eco en Justicia, las organizaciones sindicales convocantes recurren ahora directamente al presidente del Gobierno, a quien han remitido una carta instándole a que «autorice una oferta económica».