Justicia recaba informes de las autonomías sobre la ley del aborto

Todas las comunidades autónomas tendrán que pronunciarse sobre la reforma de la Ley del Aborto. El Ministerio de Justicia ha decidido pedir un informe a todas las autonomías para que fijen posición sobre un anteproyecto legal que tendrá que ser aplicado por los sistemas sanitarios autonómicos. Es decir, es una decisión obligada por el respeto a las competencias que tienen en esta materia en la medida en que el desarrollo de la ley dependerá de la red sanitaria territorial, hospitales y profesionales. Justicia considera que es pertinente que con carácter previo a su aprobación parlamentaria las comunidades tengan oportunidad de trasladar una valoración profesional y técnica, como ocurre siempre con una ley que las afecta. Estos informes se unirán a los que tienen que emitir los correspondientes órganos consultivos.

Esta decisión de implicar a todas las comunidades no elimina los contactos personales del ministro de Justicia con los «barones» territoriales, aunque Justicia no dará publicidad de los mismos ni los convertirá en un debate público «en respeto» a la petición que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladó a su partido en la última reunión del Comité Ejecutivo. Allí, a puerta cerrada, reclamó que no centren el debate público en la discusión sobre el contenido de la nueva ley. Por tanto, Ruiz Gallardón intercambiará impresiones con todos los presidentes autonómicos que así lo pidan, bien por teléfono o en entrevista personal, en un almuerzo o en una reunión en su Ministerio, pero en lo que dependa de Justicia esos contactos tendrán un carácter reservado y no polemizará sobre su contenido.

En cuanto a las posibles modificaciones en el anteproyecto remitido al Congreso, el mismo día de la Ejecutiva del PP en la que algunos de los «barones» trasladaron sus reservas sobre el texto Justicia ya ratificó que la ley está abierta a cambios en el trámite parlamentario, como todos los proyectos legislativos, pero que éstos no afectarán a lo sustancial, incluyéndose en este punto la regulación de los supuestos en los que estaría autorizado el aborto, sin dejar fuera el punto más polémico, el que afecta a la malformación del feto.

Ayer se le preguntó por estos cambios a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y, en concreto, sobre si dejan la puerta abierta a que se modifique la regulación sobre malformaciones. Contestó que atenderán las sugerencias y opiniones, sin dar más detalles sobre si aceptan modificaciones en esta delicada cuestión o en cualquier otra. Dentro del PP han empezado ya los movimientos para flexibilizar las exigencias y nuevos controles que la ley establece para defender la vida del feto con deformaciones o discapacidad que no sea incompatible con la vida. Algunos como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se han atrevido a señalar esta demanda en público, mientras que otros no han pasado de insinuarla.

La vicepresidenta justificó su falta de concreción en que el Gobierno tiene que respetar el trámite parlamentario y la negociación que de él se derive, y en que tiene que esperar a recibir las valoraciones de los órganos consultivos que tienen que emitir un informe preceptivo sobre el anteproyecto legal, entre ellos el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Médicos y el Consejo de Discapacidad.