Un juzgado de Madrid cita a Pedro Sánchez a un acto de conciliación por llamar al novio de Ayuso "delincuente confeso"

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que comparezca el próximo 12 de febrero a un acto de conciliación instado por la pareja de Isabel Díaz Ayuso por llamarle "delincuente confeso". De acuerdo con el decreto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se le cita previa interposición de querella por delitos de injurias y calumnias.

El decreto dictado por el juzgado de primera instancia número 98 de Madrid determina que el empresario Alberto González Amador cuenta con la legitimación y la postulación suficiente para promover este incidente. Por ese motivo emplaza al presidente del Ejecutivo a comparecer el 12 de febrero a las 12.30 horas en la secretaria de este juzgado para celebrar una comparecencia de conciliación. El decreto puntualiza que se deben citar a todas las partes, con el apercibimiento de que si no comparece Sánchez "se tendrá por intentada (la conciliación) a todos los efectos legales".

De esta forma el juzgado advierte que, de no celebrarse dicho acto, González Amador tiene vía libre para interponer querella por presunto delito de injurias y calumnias. La misma, dada la condición de aforado del demandado, se tendría que interponer en el Tribunal Supremo. La demanda se interpuso después de que el presidente del Gobierno llamara el 17 de octubre "delincuente confeso" al empresario, a quien se le investiga por dos delitos fiscales. Sánchez pronunció estas palabras en un acto desde Bruselas con motivo de la apertura de diligencias en el alto tribunal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

"El origen de todo esto es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón pareja de este delincuente confeso, propaga un bulo para situar la mentira de un delincuente del lado de la Fiscalía General del Estado", expuso el presidente del Ejecutivo. Sánchez pronunció estas palabras después de que el Tribunal Supremo abriera causa contra García Ortiz por presunta revelación de secretos con los correos del empresario. De hecho, el fiscal general ha terminado imputado tras la querella interpuesta por González Amador y por la denuncia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que entendió que la filtración de estos 'mails' vulnera el secreto que rige para las comunicaciones entre fiscal y abogado.

La defensa de González Amador razona que el hecho de haber reconocido los hechos y de haber ofrecido una conformidad no es óbice para que se le tilde de "delincuente" toda vez que su causa está en fase de instrucción y todavía no hay sentencia condenatoria. Al respecto, el Tribunal Supremo advirtió cuando abrió causa contra García Ortiz, que lo ocurrido "podía tener repercusión en su derecho a la presunción de inocencia".