Ruptura con España: primera fase

Los grupos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han pactado una propuesta de resolución parlamentaria en la que se declara el «inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república», ignorando así al Constitucional.

Apenas 24 horas después de constituirse el nuevo Parlament de Cataluña y de que Carme Forcadell dividiera al hemiciclo con su «Viva la república catalana», Juntos por el Sí y la CUP estrenaron la XI Legislatura con el registro de una propuesta de resolución que insta a la Cámara catalana a «declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república». La declaración no sólo anuncia las intención de consumar la secesión, sino que también subraya que ninguna decisión del Tribunal Constitucional frenará sus aspiraciones.

El bloque soberanista pretende aprobar con toda urgencia esta resolución en el Parlament y así acelerar un proceso independentista que desean culminar en un tiempo récord de 18 meses. La intención de Juntos por el Sí y la CUP es convocar un pleno extraordinario antes de la sesión de investidura del presidente de la Generalitat, prevista para el 9 de noviembre a más tardar. Pero pueden hallar una dificultad y es que la Junta de Portavoces todavía no está constituida, ya que los grupos tienen de límite hasta el jueves día 5 para designar a sus representantes en este organismo. Si la oposición apura estos plazos, la Junta de Portavoces no podría reunirse hasta el viernes, día 6, con lo que la convocatoria del pleno extraordinario podría solaparse con la sesión de investidura.

Haya pleno inminente o no, los soberanistas seguirán entonando «Somniem» de Lluís Llach, que JxSí convirtió en la banda sonora de su campaña. «Tenemos prisa y lo queremos todo», dice la letra. Más rápido no podían haber ido en registrar la declaración de inicio del proceso hacia la independencia, pese a que la creación de un nuevo Estado es una cosa muy compleja que requeriría de consensos amplios y por mucho que Artur Mas se empeñe, el 27-S su proyecto soberanista se quedó a dos puntos de alcanzar el 50 por ciento.

La resolución se acabó de negociar el mismo lunes por la noche y ayer por la mañana, ambos grupos, por separado, registraban el texto. La CUP se curó en salud de no aparecer con JxSí, para dejar claro que por mucha declaración conjunta que firmen siguen sin querer a Artur Mas como president de la Generalitat. Tras acordar un texto en el que consideran que han sido «generosos», reclamaron a JxSí «altura de miras» para que propongan un nombre de consenso alternativo al de Mas antes del 9-N, la fecha del primer debate de investidura.

Que los soberanistas lo quieren todo, como dice la canción, lo confirman los nueve puntos del documento acordado. Empieza por argumentar que deben cumplir con el mandato democrático de las urnas y avanza que aunque el Gobierno impugne el proceso, JxSí y la CUP seguirán adelante porque se sienten legitimados por el resultado del 27-S. Aunque en vez de «desobediencia», como quería la CUP, el documento habla de «desconexión democrática», de facto llama a ignorar las decisiones del Estado y «en particular» del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia desde la sentencia contra el Estatut refrendado por el pueblo catalán.

Paralelamente a la declaración en el Parlament, proclaman el inicio de un proceso participativo para preparar las bases de la constitución catalana e instan al futuro gobierno a adoptar las medidas necesarias para avanzar hacia la independencia. A falta de acuerdo, el actual Govern de Mas se comprometió con la labor. También fija un plazo de 30 días para desarrollar las leyes necesarias para el proceso constituyente, de seguridad social y hacienda propia.

Los grupos de la oposición en Cataluña (C’s, PP, PSC y Cataluña sí se Puede) reaccionaron prácticamente al instante para expresar su rechazo. Luego, consensuaron dos iniciativas: pedir a la Mesa que no admita a trámite la declaración –fue en balde– y pedir un informe a los servicios jurídicos del Parlament.