La Abogacía del Estado legitima al Gobierno para llevar a Mas al TC

Gobierno tiene previsto anunciar hoy las medidas contra la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se declaraba a esta comunidad autónoma «sujeto político y jurídico soberano»

El Gobierno tiene previsto anunciar hoy las medidas contra la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se declaraba a esta comunidad autónoma «sujeto político y jurídico soberano», lo que constituye, en sí, un desafío a la integridad de España como Nación, tal como reconoce la Carta Magna. El anuncio se producirá tras recibir el informe encargado la pasada semana a la Abogacía del Estado, en el que se concluye que el Ejecutivo está plenamente legitimado para acudir al Tribunal Constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Constitución, en el que se establece, de forma literal, lo siguiente: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión o resolución recurrida...».

En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN indicaron que el acuerdo del Parlamento catalán, aprobado con los votos de CiU, ERC y un diputado de la CUT, «es formalmente una resolución, y, como tal, puede ser recurrida, aunque jurídicamente sus efectos sean nulos».

En cuanto al fondo, las citadas fuentes entienden que la decisión de la Cámara catalana supone un «ataque frontal» a dos preceptos constitucionales: el artículo 1.2 y el artículo 2.

«No tiene potestad»

En el primero de ellos se establece que la soberanía nacional radica en el pueblo español, «por lo que el Parlamento catalán no tiene potestad para realizar un acto de soberanía que no le corresponde»; mientras que el articulo 2 de la Carta Magna es el que reconoce la «indisoluble unidad de la Nación española».

Pero, además, la mencionada resolución atentaría contra lo expresado en reiteradas ocasiones por el Tribunal Constitucional, el cual ha distinguido «muy claramente» tres aspectos: autonomía política, autonomía administrativa y soberanía, aspecto este último que, como afirma el artículo 1.2 de la Constitución radica en el pueblo español, «por lo que un parlamento autonómico no puede realizar un acto de esa naturaleza».

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo el pasado viernes, tras la reunión semanal del Ejecutivo, que los juristas del Estado iban a hacer un «análisis riguroso y exhaustivo» sobre lo aprobado por los parlamentarios catalanes el pasado 23 de enero.

La declaración dice, textualmente, que «de acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo». Esta fase se llevaría a cabo a partir de ciertos «principios», el primero de los cuales se dice que es la «soberanía». En este punto, se afirma que «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». La declaración de soberanía, que obtuvo 85 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, apuntaba además que «se facilitarán todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y la sociedad civil catalana tenga toda la información y el conocimiento preciso para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su participación en el proceso». Otro de los puntos de la declaración afirma que «se dialogará y se negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional».

Aprobaron además los parlamentarios catalanes que «se garantizará la cohesión social y territorial del país y la voluntad expresada en múltiples ocasiones por la sociedad catalana de mantener Cataluña como un solo pueblo».