La Audiencia apunta a altos cargos de los Mossos por el 1-O

Los comisarios de la cúpula de Trapero intentan culpar ahora a sus subordinados de las posibles delitos del referéndum ilegal.

Las supuestas responsabilidades dentro de los Mossos d’ Esquadra por actuaciones delictivas durante el referéndum ilegal del 1-O no se van a limitar al que era jefe en esos momentos, José Luis Trapero, sino a una «tela de araña» que organizó para la celebración de dicha consulta ilegal.

La jueza Lamela y la Fiscalía están a la espera de recibir un informe ampliatorio de la Brigada Provincial de Información (BPI) de la Policía de Cataluña sobre los papeles que unidades de los Mossos pretendían quemar en vísperas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, hecho que fue evitado por la propia Policía Nacional, según han informado a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

Del contenido de esos papeles se infiere que Trapero contaba con unos comisarios de su absoluta confianza con los que había trazado un plan para asegurar la celebración del referéndum. Una vez que la Audiencia Nacional cuente con todos los informes, se da como seguro de que los que aparezcan como implicados serán llamados a declarar para que aclaren sus actuaciones.

Según los documentos que la Policía evitó que se convirtieran en cenizas, el montaje para garantizar que la consulta popular se pudiera llevar a cabo estaba encabezado por Trapero, junto con su «estado mayor» o Prefectura; la Comisaría General de Información, con Manel Castellví y Mikel Justo, al frente; y, aquí viene lo importante, los jefes de las Regiones Policiales (ocho en total).

Estos mandos, entre 10 y 15,. estaban perfectamente coordinados para que el 1-O no fracasara y, presuntamente, para dificultar la acción de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Las evidencias que existen contra ellos incluyen documentos en diversos soportes y grabaciones, que ya están, en su mayoría, en poder de la Audiencia Nacional y sobre las que versa la ampliación de información de la BPI. Como el asunto esta declarado secreto, las fuentes informantes señalaron que no podían facilitar más datos, pero aseguraron que, en su momento, se podrán conocer todos los detalles y actuaciones de esta «red» y las presuntas responsabilidades en las que incurrieron.

La BPI entregó ya a la Audiencia Nacional un primer informe «completo», sobre el que ahora se van a realizar ampliaciones con el fin de que, tanto la juez como la fiscalía, tengan todos los detalles sobre los papeles que los Mossos d’ Esquadra pretendían quemar en vísperas de la aplicación del artículo 155. Querían hacer desaparecer las evidencias sobre la existencia de la red horas antes de que el control de la Policía autonómica pasase al Ministerio del Interior.

Lo que ha llamado la atención, según medios próximos a los Mossos, ha sido la estrategia que están siguiendo los presuntos miembros de la red para «quitarse el muerto de encima»: culpar a los agentes de base de las irregularidades que se hubieran podido cometer durante el 1-O.

Se trata de plantear que ellos dieron bien las órdenes y que fueron sus subordinados los que las incumplieron de forma maliciosa.

LA RAZÓN ha tenido acceso a un documento que resume algunas de estas actuaciones (las realiza la División de Asuntos Internos, DAI) y en el que se han borrado los números profesionales de los agentes acusados para preservar su identidad.

El asunto causa una gran preocupación entre los mossos afectados y sus compañeros, ya que se exponen a duras sanciones e incluso pueden ser expulsados del Cuerpo.

Como se puede leer en el documento, se les acusa de presunta desobediencia; de impedir la carga de sus compañeros de los antidisturbios; de quedarse mirando mientras individuos de los colegios agredían a la Guardia Civil; llevar urnas en las manos; quedarse en la puerta de un colegio sin entrar y a la a espera de órdenes, etcétera. Por lo visto, eran los agentes de base los que desobedecían las órdenes de sus jefes lo que, a estas alturas de las investigaciones, produce sonrojo. Por ejemplo, en un colegio de Sant Feliu de Llobregat se acusa a un jefe de los Mossos de desobediencia por impedir la carga de los BRIMO (antidisturbios de los propios Mossos); en otro de Barcelona, misma acusación pero en esta ocasión por escuchar una lección de «legalidad» de un ciudadano y no intervenir; en otro, también de la capital, por haberse limitado a entrar y salir del colegio; también en la Ciudad Condal, por aguardar a que le dieran órdenes antes de actuar; en esta misma ciudad, por sacar del colegio unas urnas. Para colmo, en un colegio «cuya ubicación se desconoce», se acusa a dos mossos de no impedir el referéndum; en Lérida, a otros dos, por «meter» las urnas; y en otro, por no impedir agresiones a la Guardia Civil. Si tanto interés tenían en que no hubieran agresiones y escraches contra la Policía y la Benemérita, lo hubieran tenido muy fácil con poner los medios necesarios, según las mismas fuentes.

La realidad es que los mandos de los Mossos dejaron «colgados» a muchos de esos agentes, sin instrucciones claras y sin el apoyo necesario en un día tan importante y en el que había tanto en juego. Y ahora pretenden echarles la culpa de lo que ocurrió.

Además de los informes que ha aportado y aportará la BPI, están los que ya ha entregado la Guardia Civil a la Justicia en los que, entre otras cosas, se señala que «parece meridiano que la Generalitat utilizó a su policía autonómica más para funciones de protección y seguridad de sus miembros aun cuando estos realizan acciones que puedan infringir la ley que para hacer cumplir los mandatos judiciales o las investigaciones policiales».