«Caso Gürtel»: La Audiencia Nacional condena a Bárcenas a 33 años de cárcel y al PP por lucrarse de la «trama Gürtel»

Califica de «eficaz sistema de corrupción institucional» la trama puesta en marcha por Correa y algunos cargos del partido.

Imagen de los principales encausados y las penas impuestas.
Imagen de los principales encausados y las penas impuestas.

Califica de «eficaz sistema de corrupción institucional» la trama puesta en marcha por Correa y algunos cargos del partido.

Casi una década después de que estallara el «caso Gürtel», la Audiencia Nacional ha condenado a 33 años de cárcel y al pago de una multa de 44 millones de euros al ex tesorero Luis Bárcenas y al propio PP, como partícipe a título lucrativo, a pagar 245. 492 euros por haberse beneficiado de dinero de la trama, desconociendo su origen ilícito, en la organización de actos de las campañas de las localidades madrileñas de Pozuelo y Majadahonda en las elecciones municipales de 2003. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha firmado un voto discrepante defendiendo la absolución de la formación popular.

Del mismo modo, la ex ministra Ana Mato también ha sido condenada, como partícipe a título lucrativo, a devolver 27.857 euros por las fiestas de cumpleaños y comuniones de sus hijos y viajes familiares pagados por empresas de Correa.

La Sala considera acreditado que, desde 1999 a 2005, entre el grupo Correa y el PP se tejió en los municipios investigados –Estepona (Málaga), Madrid, Majadahonda y Pozuelo– y en las comunidades autónoma de Madrid y Castilla y León, una estructura «de colaboración estable» consistente en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes y a la organización de eventos.

Pero además, se creó «en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local» sirviéndose los integrantes de la trama de su «estrecha y continua relación» con «influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas». Hasta el punto de que los magistrados definen esa sinergia entre cargos públicos corruptos y los integrantes de la «trama Gürtel» como «una empresa criminal conjunta».

La sentencia considera probado que esa «intensa relación» con la organización central del partido cesó en 2004, coincidiendo con la llegada de Mariano Rajoy a la dirección del PP. A partir de ese momento, la trama trasladó sus actividades a otras autonomías gobernadas por los populares, sobre todo la Comunidad Valenciana.

Correa se embolsó 10,8 millones

La Audiencia impone condenas que suman 351 años de prisión a 29 de los 37 acusados por las actividades de la trama corrupta entre 1999 y 2005. La pena más alta, 51 años y once meses de cárcel, corresponde al líder de la red, Francisco Correa, quien se embolsó 10,8 millones (8,4 por las adjudicaciones a sus empresas entre 2000 y 2008 y otros 2,8 en comisiones por intermediar en favor de terceras sociedades).

Su número dos, Pablo Crespo, ha sido condenado a 37 años y medio de prisión; el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, a 38 años y tres meses y el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, a 31 años y nueve meses. A estos dos últimos, el tribunal los considera parte del grupo Correa. De López Viejo dice que su papel fue «fundamental», primero como concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid y, después, como consejero del Gobierno regional con Esperanza Aguirre. «Como contrapartida por su intervención en la irregular adjudicación de contratos públicos que vino manipulando a favor de las empresas» de Correa, «recibía las oportunas comisiones», que cifra en un 10%, «que disfrazaba mediante la emisión de facturas ficticias» o de importes inflados (sólo en la Comunidad de Madrid se embolsó 448.870 euros por la organización de 386 actos que dejó en manos de empresas de Correa). Ocho de los 37 acusados han resultado absueltos, entre ellos Álvaro Pérez «El Bigotes», actualmente en prisión tras su condena en el «caso Fitur» y para quien la Fiscalía pedía una pena de cinco años de prisión. A la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, el tribunal le impone una pena de 15 años de prisión.

En la primera sentencia que dicta la Audiencia Nacional de la «trama Gürtel», los jueces consideran que los acusados cometieron una docena de delitos de corrupción: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, blanqueo, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada. El fallo incluye 28 delitos de prevaricación que suman 194 años de inhabilitación para los condenados. Detalla, además, 24 delitos de cohecho que recaen sobre doce personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que once corresponden al matrimonio Bárcenas-Iglesias.

Coches, relojes y fiestas

La sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras sociedades elegidas por la trama, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, «o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico». Pero no sólo dinero, sino también coches, relojes, viajes, fiestas de cumpleaños y comunión, que «se maquillaban mediante la emisión de facturas ficticias» o infladas.

Los magistrados hacen hincapié en el fallo en que los condenados realizaron «cuantas maneras son imaginables para violentar los procedimientos de contratación» –desde el trocear los contratos para burlar la ley hasta elaborar conjuntamente los pliegos o preseleccionar las empresas ganadoras–, unas actuaciones que el tribunal considera «una muestra clara de torcimiento del derecho característico de la prevaricación».