Política exterior

La Audiencia cree que EE UU reclama a un ex general chavista por motivos “políticos”

Enmarca los supuestos vínculos con el narcotráfico de Hugo Carvajal en su papel como jefe de Inteligencia

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, a su salida de la prisión de Estremera (Madrid). Foto de archivo
El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, a su salida de la prisión de Estremera (Madrid). Foto de archivolarazon

La Audiencia Nacional cree que la petición de extradición cursada por Estados Unidos para conseguir la entrega del ex general chavista Hugo Armando Carvajal, “el Pollo”, por delitos de narcotráfico “se fundamenta en una motivación política”. Así lo argumentan los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal del citado tribunal que han rechazado la extradición del ex militar -detenido en España el pasado abril con un pasaporte falso-, que reprochan a las autoridades norteamericanas que en su petición no se precise “qué actos concretos de caracter delictivo” realizó el que fuera director de la División de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro.

El tribunal -integrado por los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Clara Bayarri- considera que la documentación remitida tanto por el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York como por la Fiscalía estadounidense adolece de una “descripción de hechos huérfana de determinación tanto local como temporalmente”, en relación con el ex general venezolano, que ayer mismo fue puesto en libertad (permanecía en prisión provisional en la cárcel de Estremera desde su detención). En definitiva, una “conducta abierta, abstracta e incompleta” que impide a la Audiencia valorar la existencia de indicios delictivos en la conducta del reclamado que avalen su entrega.

Y en todo caso, añade la Sala, aunque EE UU hubiese detallado los indicios incriminatorios contra Carvajal, “independientemente de lo repudiable que fuera la actividad” desplegada por el ex general y otros altos funcionarios “en su estrategia contras los Estados Unidos”, la extradición no sería posible al tratarse de un “delito militar”, lo que es “causa obligatoria de denegación de la extradición”. Y es que para los magistrados la conducta que las autoridades norteamericanas imputan al ex militar -atacar intereses de EE UU mediante el transporte hacia los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína, “proveyendo de armas a las FARC como pago de la sustancia o facilitando a los guerrilleros protección armamentística”- se refieren “indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Una actuación que, recalca la Sala, “no se puede desligar” de la misión que Carvajal, como militar y responsables del servicio de inteligencia militar, “llevaba a cabo bajo las órdenes y directrices” del presidente de Venezuela. Y es que el apoyo a las FARC -recuerda la Audiencia citando la propia documentación remitida por EE UU en sustento de su petición de entrega- se produjo “bajo la orden del presidente Chávez, ayudando al Gobierno de Venezuela a permitir y facilitar el narcotráfico hacia los EE UU”.

La Fiscalía estadounidense imputa a Carvajal los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover un delito de narcotráfico por ser supuestamente miembro, entre 1999 y 2019, “de una organización venezolana de traficantes compuesta por altos funcionarios” conocida como “el Cartel de los Soles” (al que pertenecían también Chávez y dos vicepresidentes). Uno de los objetivos de este cartel, hacen hincapié las autoridades norteamericanas, era “inundar los Estados Unidos con cocaína”.

EE UU vincula directamente al ex general y a otros miembros del cartel con “cargamentos de varias toneladas de cocaína (aunque solo especifica uno de 5,6 toneladas desde Venezuela a México en 2006 a bordo de un jet DC-9).

Carvajal se opuso a su extradición y denunció que EE UU solo pretende “obtener información” sobre Maduro y argumentó que sus contactos con las FARC siempre fueron por orden del presidente venezolano y el beneplácito de las autoridades de Colombia “en orden al proceso de paz”.