La Audiencia de Barcelona ordena investigar los crímenes de la Guerra Civil

La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar la querella presentadas por los bombardeos en Barcelona por parte del ejército italiano entre 1937 y 1939, lo que supone la primera vez que en España la justicia abre diligencias por los crímenes de la Guerra Civil.

En un auto, la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha revocado la decisión del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona de no admitir a trámite la querella, al considerar que los hechos descritos en la misma pueden constituir delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En una resolución firme, el tribunal admite las diligencias de que planteaban los querellantes -la asociación de italianos antifascistas residentes en Barcelona Altra Italia y dos víctimas de los bombardeos- y ordena identificar a los militares y civiles italianos responsables de los ataques aéreos a través de comisiones rogatorias a la República de Italia.

En su auto, la sala recuerda que los bombardeos del ejército italiano sobre barrios altamente poblados de Barcelona "se caracterizan porque era un objetivo civil, dado que el frente de guerra estaba muy alejado", y sirvieron como "laboratorio de pruebas"para futuros crímenes similares.

Concluye la sala que los bombardeos sobre civiles suponen "la comisión de crímenes en masa castigados por la ley, por cualquier ley, en todo tiempo y lugar", por lo que "pueden y deben ser investigados por los tribunales españoles".

De hecho, la admisión de esta querella, presentada el año pasado en los juzgados de Barcelona después de que la Audiencia Nacional rechazara su competencia para investigarla, supone la primera vez en España en que un tribunal acepta aplicar la legislación internacional sobre crímenes de guerra y lesa humanidad para indagar en los horrores de la Guerra Civil española.

El juzgado de instrucción número 28 de Barcelona archivó la querella por los ataques aéreos, arguyendo que los autores de los hechos no están identificados y debido a su "falta de concreción".

Sin embargo, la Audiencia considera que "no cabe la menor duda"de la certeza de los hechos denunciados, "al haber sido investigados y contrastados por numerosos historiadores de distintas nacionalidades, cuyo prestigio está fuera de dudas"y recuerda que las querellas ofrecen detalles concretos sobre un episodio de bombardeos de enero de 1938 en la plaza Felip Neri de Barcelona.

La querella se dirige contra 21 oficiales del ejército italiano que formaban parte de la "Squadra Legionaria Baleares"y concreta los nombres de algunos de los mandos políticos italianos y españoles que presuntamente los "pactaron y ordenaron", como Benito Mussolini, Conde Ciano, Serrano Suñer o el propio dictador Francisco Franco.

La sala ordena averiguar la identidad de los copartícipes en los bombardeos y determinar si siguen vivos, a través de las correspondientes Fe de Vida, lo que para la Audiencia no es descartable dado que "la vida humana ha avanzado mucho en los últimos 50 años".

La Audiencia de Barcelona ofrece al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat la posibilidad de personarse como perjudicados en la causa, así como a todas las víctimas de los bombardeos y sus supervivientes, lo que exigirá expedir oficios a los archivos históricos autonómico y municipal para lograr las identificaciones.

Otra de las diligencias ordenadas por la sala es la designación de dos peritos expertos en Historia de la Guerra Civil española, especialistas en la legión italiana, para que concreten fechas, zonas atacadas, densidad de población y número de muertos.

El auto evoca jurisprudencia en delitos de lesa humanidad para concluir que las "matanzas masivas de población civil, la destrucción indiscriminada de pueblos habitados y la devastación mediante bombardeos de ciudades"están sancionadas por el derecho consuetudinario internacional, cuyos principios están por encima de la ley de cada país.

La sala rechaza el argumento de la juez instructora de que los costes económicos de este proceso serían muy elevados, porque a su parecer "resultaría inadmisible en un Estado democrático de derecho que por razones simplemente monetaristas se dejaran de perseguir delitos tan graves".

En declaraciones a Efe, el abogado Jaume Asens, uno de los que ha interpuesto la querella, ha resaltado la importancia de su admisión, que, a su juicio, contribuye a "levantar el muro de impunidad"en torno a los crímenes de la Guerra Civil y reabrir el debate de la memoria histórica.