La Audiencia deniega el tercer grado al preso más viejo de ETA

Esgrime la falta de arrepentimiento y el historial delictivo del ex miembro del «comando Vizcaya».

La Audiencia Nacional ha rechazado la concesión del tercer grado y la solicitud de dos permisos de salida al ex integrante del «comando Vizcaya» Sebastián Echániz, el preso de ETA de mayor edad, 75 años, que cumple actualmente condena. La sección primera de lo Penal ratifica así la negativa a las pretensiones del etarra acordada tanto por la Junta de Tratamiento de la prisión donde cumple condena como por el juez central de Vigilancia Penitenciaria. Echániz, junto a Joseba Arregi y Santiago Arróspide, «Santi Potros», son los únicos reclusos de la banda terrorista que superan los 70 años, a los que el Gobierno de Pedro Sánchez estudia acercar a cárceles del País Vasco para poner fin a la política de dispersión penitenciaria.

La edad era precisamente (junto al apoyo familiar y el cese de la violencia de ETA) uno de los argumentos esgrimidos por Echániz –condenado a más de 200 años de prisión por casi una decena de asesinatos– para sustentar la disminución de su peligrosidad y del riesgo de reincidencia.

El ex miembro del «comando Vizcaya» sostiene en sus peticiones que, para concederle el tercer grado, de semilibertad, o los permisos de salida no procede tener en cuenta la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado. Sin embargo, la Sala –integrada por los magistrados Concepción Espejel, Manuela Fernández Prado y Jesús Eduardo Gutiérrez– le recuerda que su trayectoria delictiva, que acabó con la vida de numerosas personas en atentados, no puede ser ignorada.

El tribunal también tiene en cuenta el informe psicológico realizado al terrorista, en el que consta que no ha renunciado a la lucha armada ni ha acatado la legislación vigente, que es un delincuente «por convicción» y que sigue siendo renuente a implicarse en el tratamiento penitenciario para lograr su reinserción, sin que de muestras de arrepentimiento. Algo que, según ese informe, aumenta las posibilidades de reincidencia, por lo que la concesión de los permisos (el último solicitado en enero pasado y denegado precisamente el 3 de mayo, un día después de que ETA anunciase su disolución) resulta prematura y desaconsejable.

En su petición de progresión al tercer grado, Echániz puso sobre la mesa que en un escrito remitido a la Junta de Tratamiento reclamando la concesión de redenciones extraordinarias (ha cumplido ya dos tercios del límite de 30 años de cumplimiento máximo y extinguirá su condena el 8 de octubre de 2024), manifestó su renuncia a la violencia «en consonancia con el nuevo escenario abierto en el País Vasco de rechazo a la lucha armada». Asimismo, asumía como propia la necesidad de reconocer el daño causado y de avanzar en la reconciliación en pos de una convivencia pacífica «en la que no se excluya al diferente».

Pero la Audiencia Nacional sostiene que esa misiva no consta en el expediente y, en todo caso, tendría un mero carácter finalista para cumplir con el requisito exigible para beneficiarse de esas redenciones extraordinarias. El tenor del texto no puede considerarse, recalca la Sala, como una petición de perdón a las víctimas ni como el compromiso de reparar el daño causado a las mismas y a sus familiares.

Echániz fue condenado, entre otros, por el asesinato, en junio de 1982, del jefe de la Policía Municipal de Baracaldo (Vizcaya) José Aibar; por el ametrallamiento, un año antes, de dos coches de la Guardia Civil en Bilbao, que no provocó víctimas mortales; por la muerte del teniente coronel Ramón Romeo en marzo de 1981 y por los asesinatos del guardia civil Joaquín Gorjón y el teniente coronel de la Guardia Civil Luis Cadarso en Basauri (Vizcaya), también en 1981.