La Audiencia dice que el PP tuvo que saber de los «dispendios» de Gürtel

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado levantar al PP su imputación en el caso Gürtel como responsable civil, ya que considera que pudo beneficiarse de las comisiones que cobraron alcaldes miembros la trama y que "tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios". En un auto, la sección cuarta rechaza el recurso del PP contra la decisión el juez Pablo Ruz de considerarle "partícipe a título lucrativo"en Gürtel, ya que "existen indicios"de que "se benefició de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propias de dicha formación política, la cual tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios, pues repercutió en su propio peculio".

En concreto, el PP pudo beneficiarse de 236.864 euros procedentes de comisiones de la trama Gürtel que cobraron los exalcaldes populares de Majadahonda y de Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente, dinero que benefició a la formación porque, según la sala, el partido se lo "ahorró"como gasto de las campañas electorales de esos municipios.

Respecto al papel del partido en la causa como "partícipe a título lucrativo"del artículo 122 del Código Penal que le imputa Ruz, la sección cuarta acoge las tesis del juez y explica que en el juicio se determinará "con exactitud los contornos de dicha supuesta responsabilidad civil y su exacta cuantía".

Ruz imputó al partido esta condición cuando abrió una pieza separada para facilitar el futuro enjuiciamiento de 45 imputados en esta causa, entre ellos el extesorero Luis Bárcenas, por hechos de la primera época de la red (1999-2005).

El PP recurrió esta decisión porque consideraba que no hay indicios para establecer "un nexo causal entre las actuaciones ilícitas presuntamente realizadas por los imputados y el supuesto beneficio ilícito del partido", lo cual rechaza ahora la sala.

El partido también alegó que todos sus gastos están contabilizados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, por lo que no es posible que hubiera recibido dinero de los alcaldes populares, un argumento que la sala también rechaza porque, según afirma, es "preferente e ilimitada"la jurisdicción penal para averiguar conductas delictivas y sus consecuencias civiles.

Contra la decisión de abrir pieza separada presentaron recurso el PP y doce imputados más, que ahora ha resuelto en un solo auto el tribunal, compuesto por los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel.

Además del recurso del PP, el juez rechaza los interpuestos por Pablo Crespo (considerado número dos de la trama), Alfonso García-Pozuelo (expropietario de Constructora Hispánica), Antonio Martín, Alicia Mínguez, Antonio Villaverde, Javier Nombela, Pablo Ignacio Gallo-Alcántara, Inmaculada Mostaza, Carlos Ignacio Hernández, Luis de Miguel, Felisa Isabel Jordán y María del Mar Rodríguez Alonso.

La sala considera acertada la decisión de Ruz de abrir una pieza separada en la que se juzguen los hechos ocurridos en esos años, dentro de la que se podrían sentar en el banquillo 45 personas, de los cuales 21 están solo imputados en esta pieza.

Las otras 24 siguen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.

Los hechos investigados en esta pieza alcanzan los primeros seis años de la trama y a operaciones en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Estepona (Málaga).

Según Ruz, existió toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas y pagos de comisiones y a proveedores a través de un sistema de facturación falsa.