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La Audiencia frena la venta del palacete de Mario Conde en Madrid

La operación se frustra tras ordenar Pedraz su control judicial para remitir el dinero a Hacienda.

  • El ex banquero llegó a poner en venta la vivienda, en la imagen, a través del portal Idealista.com en el año 2016 por 3,7 millones de euros
    El ex banquero llegó a poner en venta la vivienda, en la imagen, a través del portal Idealista.com en el año 2016 por 3,7 millones de euros

Tiempo de lectura 4 min.

20 de diciembre de 2018. 02:28h

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Ricardo Coarasa Madrid. 20/12/2018

Mario Conde ha visto frustrada su intención de vender su palacete en Madrid. Aunque la Audiencia Nacional ha accedido a levantar el embargo que pesaba por orden judicial sobre el inmueble, situado en la zona residencial de El Viso, el «control judicial» de la transacción ordenado por el juez Santiago Pedraz, para garantizar que el montante íntegro de la operación se destinase al pago a Hacienda de la deuda que el ex presidente de Banesto tiene aún pendiente con la Agencia Tributaria, ha terminado por dar al traste con la compraventa del inmueble, de 850 metros cuadrados, por alrededor de 35 millones de euros, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

A la espera de que la Sala de lo Penal confirme o revierta el archivo de la investigación a Mario Conde por el supuesto blanqueo de 13 millones de euros –acordado por Pedraz, instructor de la causa, el pasado octubre–, el ex presidente de Banesto solicitó al magistrado el pasado 21 de noviembre que levantara el embargo de la vivienda –de titularidad de una de sus empresas, Black Royal Oak– y desbloqueara una cuenta bancaria a nombre de esta sociedad en la entidad Novo Banco.

En un auto fechado cinco días después, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor accedía a esas peticiones pero con condiciones. Por un lado, dejó sin efecto la prohibición de enajenar el inmueble, situado en el número 63 de la calle Triana, en el madrileño barrio de Chamartín, y ordenó desbloquear esa cuenta bancaria. Pero precisó que esas cantidades debían destinarse a «liberar parcialmente» la deuda tributaria que Conde mantiene con la Hacienda Pública, de casi diez millones de euros.

En esa resolución, Pedraz ordenó el «control judicial» de la compraventa, por lo que acordó que sería su juzgado el que transfiriese «las cantidades correspondientes a la cuenta corriente de la Agencia Tributaria para su abono en los expedientes tributarios correspondientes». O lo que es lo mismo: que Conde ni siquiera llegaría a percibir ese montante, que iría a parar directamente a las arcas de Hacienda para reducir su deuda tributaria.

El ex presidente de Banesto y la representación de Black Royal Oak recurrieron esa decisión y, el pasado martes, Pedraz desestimó sus pretensiones y afeó a los recurrentes que pretendan «que se ejecute el auto en los que ellos consideran que les favorece» (el alzamiento del embargo y el desbloqueo de la cuenta) pero impugnen «lo que estiman que les resulta perjudicial» (el control judicial de esas cantidades). Y es que con esa medida, apuntan las fuentes consultadas, el magistrado quería asegurarse de que todo el dinero terminase en las arcas de Hacienda, sin que Conde aprovechase la operación para distraer parte de ese montante en su propio beneficio.

El instructor recuerda además que «esa misma decisión de controlar judicialmente las cantidades que puedan obtenerse» se adoptó el pasado 10 de septiembre al autorizar el desbloqueo de la cuenta de valores Las Salcedas, una de las sociedades del ex banquero, en la entidad A&G Banca Privada Sau. «Y en aquel entonces no se recurrió», subraya y ahora «sí es susceptible de disconformidad», por lo que reclama a Conde «un deber de coherencia».

La propia Abogacía del Estado –personada en el procedimiento en representación de Hacienda– también se ha opuesto al recurso de Conde al insistir en que «la firmeza de una resolución ha de referirse a la totalidad de la misma, sin que sea posible declarar firmes pronunciamientos fragmentados». Ahora, será la sección tercera de la Sala de lo Penal, ante la que ha recurrido el ex presidente de Banesto, la que tenga la última palabra al respecto.

Fueron precisamente las dudas sobre el levantamiento de los embargos que pesan sobre la finca y las medidas de control impuestas por la Audiencia las que, finalmente, han desbaratado por ahora la operación, ante los reparos del banco a conceder la hipoteca al comprador en esas condiciones y la negativa del notario a formalizar la compraventa.

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