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La Audiencia investigará al PDeCAT por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo en el «caso 3%»

De la Mata cree que CDC cambió de "apariencia" para "eludir" posibles responsabilidades penales en la investigación de su presunta financiación ilegal

  • El presidente de la Generalitat Quim Torra
    El presidente de la Generalitat Quim Torra

Tiempo de lectura 4 min.

27 de julio de 2018. 14:00h

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Ricardo Coarasa Madrid. 27/7/2018

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investigará como personas jurídicas por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a Convergencia Democrática de Catalunya y al PDeCAT, como heredero de la anterior formación, en el "caso 3%". En una resolución, el magistrado que investiga la financiación supuestamente irregular de la extinta CDC a través del pago de comisiones de empresarios beneficiados con adjudicaciones públicas, insta a ambos a designar abogado y procurador que les represente en la causa.

El instructor explica que en este procedimiento investiga a altos cargos de Convergència quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a fundaciones ligadas a dicha formación, como Catdem y Fórum Barcelona, “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con "donaciones" al partido".

Según De la Mata, "los órganos y el personal con responsabilidad directiva en CDC estaban en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que es objeto de la presente investigación" a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas.

La aportación supuestamente irregular de los empresarios supuso, entre los ejercicios 2008 y 2012, una media del 11,5% de la "financiación privada" del

partido y de un 7,7% de la financiación total (incluyendo subvenciones públicas). La responsabilidad de la gestión económica de la formación convergente correspondía entonces, recuerda el magistrado, al encargado de las finanzas, Andreu Viloca.

"El conocimiento de estas actividades era compartido por la estructura de CDC. De hecho, se trata de una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémica, que permanece inalterable con independencia de los relevos que se puedan producir" en sus estructuras, dice el juez. Sin embargo, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido "no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante once años".

Se trataba, en definitiva, de "un sistema normalizado de financiación que se habría sostenido en el tiempo a pesar del relevo de las personas que lo integraban y a pesar de las advertencias de irregularidad de las que eran informados".

Para el magistrado, "existe una aparente identidad entre CDC y PDeCAT" y que los indicios apuntan a que la creación del PDECAT, "lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido, vinculado en sus orígenes pero independiente del partido que lo impulsa (CDC), se corresponde con la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente". En apoyo de esa identidad entre ambas formaciones, el juez De la Mata recuerda que la composición de los órganos de dirección del PDeCAT "mantiene una identidad

sustancial con la composición que presentaban dos años antes los órganos de dirección de CDC". De hecho, añade, excepto cinco personas, la totalidad de los miembros del PDeCAT que integran la estructura directiva y de responsabilidad "desarrollaba funciones igualmente de responsabilidad en CDC (75 cargos de los 80 cargos del PDeCAT)". Asimismo, 37 de los 42 inmuebles propiedad de CDC están siendo utilizados como sedes por el PDeCAT.

El juez concluye que la supuesta disolución como "actor político" de CDC y la creación del PDeCAT como nuevo partido político fue "meramente aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales, con los que contaba el anterior partido y que, en muchos casos, son titularidad de CDC". Se trató, por tanto, de "una mera transformación" o "un simple cambio de apariencia" del partido que impulsa su creación, CDC, "para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir".

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