La Audiencia juzga el chivatazo a ETA en plena tregua de la banda

Dos mandos policiales se sientan desde mañana en el banquillo. Pamies y Ballesteros están imputados por colaboración con banda armada

Siete años después de que un chivatazo policial alertara a la banda terrorista ETA, en plena tregua, de una operación contra su «aparato de extorsión», la Audiencia Nacional juzga desde mañana a dos mandos policiales –el entonces jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y José María Ballesteros, por aquella época inspector de la Brigada de Información de Vitoria–, que se enfrentan a penas de prisión de un máximo de diez y nueve años, respectivamente, acusados de revelación de secretos y de colaboración con ETA. Un tercer imputado, el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, no se sentará finalmente en el banquillo.

La supuesta delación se produjo cuando Alfredo Pérez Rubalcaba, actual secretario general del Partido Socialista y líder de la oposición, era ministro del Interior. De hecho, el mismo día del chivatazo (que tuvo lugar en las inmediaciones del bar Faisán de Irún), el 4 de mayo de 2006, hubo dos llamadas telefónicas entre su entonces número 2, Antonio Camacho, y García Hidalgo. No obstante, la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2011 que el ex secretario de Estado de Seguridad declarase como testigo al considerar «innecesario» y «fuera de lugar» su testimonio.

Según las acusaciones –además de la Fiscalía, Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo– ese día estaba prevista una operación policial contra la red de extorsión de la banda terrorista ETA en los alrededores del bar Faisán, donde se preveía que se produjera una entrega de dinero. La tarde anterior, Enrique Pamiés habría tenido conocimiento del dispositivo «y decidió obstaculizarlo» para impedir, según el fiscal Carlos Bautista, la detención del ya fallecido ex dirigente del Partido Nacionalista Vasco Gorka Aguirre (quien supuestamente actuaba de enlace en esos pagos de los empresarios a la banda). En su escrito de acusación, el abogado de la AVT, Antonio Guerrero, va un poco más allá y aventura que esa actuación se produjo para no «entorpecer o dificultar las negociaciones que de facto se estaban llevando a cabo entre el Estado español y la organización terrorista».

Enrique Pamies se puso entonces en contacto, supuestamente, con Ballesteros para que avisara a Joseba Elosua (dueño del bar Faisán, donde se realizaban las entregas de dinero según la investigación) de la inminente operación policial para que éste, a su vez, diera la voz de alarma al etarra Cau Aldanur, que tenía previsto pasar la frontera para recoger el dinero de la extorsión. Carlos Bautista sostiene que el inspector de Vitoria «aceptó llevar a cabo lo que se le ordenaba, a sabiendas de su carácter ilícito».

A través de un teléfono móvil presuntamente facilitado por Ballesteros a Elosua, Pamiés le puso en alerta, siempre según el relato de las acusaciones. Ocho minutos y once segundos fueron suficientes. El jefe de Policía del País Vasco le dijo «que tuviera conciencia de la situación política», que iban a detener a Cau Aldanur en la frontera, que «no dijera nada a nadie» y le advirtió, asimismo, de que «no hablase por los teléfonos ni en el coche». En el vehículo, la Policía había instalado una baliza de seguimiento y un micro que posteriormente grabó la conversación en la que el dueño del bar Faisán contaba a su yerno, Carmelo Luquin, la sorprendente advertencia telefónica.

Tras descubrirse la filtración, la operación policial contra la red de extorsión de los terroristas de ETA se llevó a cabo finalmente el 22 de junio, pero sus resultados no fueron los mismos: aunque se detuvo a todos sus supuestos integrantes, no se halló ni rastro de cartas de extorsión ni de los 54.000 euros de un supuesto pago a ETA que iba a ser intervenido.