La Audiencia Nacional abre diligencias por el asedio al Congreso de mañana

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto diligencias previas en relación a la concentración prevista para mañana en los alrededores del Congreso, impulsada por la Plataforma ¡En Pie! Según ha podido saber LA RAZÓN, el magistrado ha tomado la decisión tras recibir un informe de la Comisaría General de Información en el que la Policía relaciona los pormenores de dicha convocatoria ante la posibilidad de que se pueda incurrir en un delito contra las Instituciones del Estado (aunque sin señalar posibles autores), del que es competente este tribunal.

Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional considera que el asunto podría corresponder a su compañero Santiago Pedraz, quien archivó en octubre del pasado año una causa abierta contra los ocho promotores del 25-S, la anterior concentración frente al Parlamento, que se saldó con 35 detenidos. Por eso, ha dado traslado de las diligencias a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que se pronuncie al respecto. El encargado de hacerlo será el fiscal Miguel Ángel Carballo.

Según las fuentes consultadas, las intenciones que proclaman los convocantes de «asediar, quemar, fumigar, ocupar... el Congreso» para «liberarlo» de forma «definitiva» tienen suficiente apariencia delictiva para el juez Velasco como para justificar la investigación. Pero, antes de decidir qué actuaciones llevar a cabo al respecto, quiere dilucidar a qué magistrado corresponde la competencia.

Si finalmente se inclina por inhibirse de la investigación en favor de Pedraz y éste no acepta la competencia sería la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (como sucedió recientemente con los «papeles de Bárcenas» que se disputaban los jueces Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez) la que dirima la controversia en favor de uno u otro.

Y es que el informe policial se refiere en varias ocasiones a las diligencias previas abiertas en su día por Pedraz, a quien la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, Rosario Espinosa intentó remitir sin éxito la causa al apreciar un delito contra las Instituciones del Estado. Tras tomar declaración a los 35 detenidos, la magistrada se inhibió del asunto, pero los arrestados recurrieron la decisión ante la Audiencia Provincial, que el pasado 28 de febrero revocó esa resolución y zanjó la cuestión al concluir que los hechos «podrían ser constitutivos de determinados delitos contra el orden público» pero no contra las Instituciones del Estado.