La Autoridad Fiscal impondrá medidas coercitivas a las díscolas

El texto del anteproyecto de Ley Orgánica de Creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha concluido el trámite de audiencia pública y se encuentra en proceso de análisis por parte del Consejo de Estado. La creación de esta institución de carácter independiente es la respuesta del Gobierno a una directiva comunitaria de 2011, cuya transposición tiene que llevarse a cabo antes de que finalice el año.

A mediados del pasado abril, el Consejo de Ministros estudió un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas acerca de la creación de esta institución que deberá garantizar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, previstos en el artículo 135 de la Constitución. Cuando esté aprobado, este órgano colocará a España a la vanguardia de las instituciones fiscales independientes de nuestro entorno.

El informe del Consejo de Estado es preceptivo, aunque su dictamen no es vinculante. Finalizada esta consulta, el texto volverá a poder del Gobierno, que incorporará, si así lo estima conveniente, las recomendaciones realizadas durante el periodo de audiencia pública para ultimar un texto definitivo que se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros y posteriormente a su tramitación parlamentaria. Para su aprobación se exige una votación final de su conjunto, después de finalizados todos los trámites, y la mayoría absoluta de los votos del Congreso de los Diputados.

Desde su llegada al poder, el Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido en obsesión su lucha para controlar las finanzas públicas. La herencia recibida del Ejecutivo socialista (un 11,2% de déficit público) puso la economía española contra las cuerdas a lo largo de todo 2012. En los meses de abril y julio, como ha reconocido el ministro de Economía y Competitividad a LA RAZÓN, España rozó el rescate por parte de la Unión Europea, como ocurriera en años anteriores con Grecia, Irlanda y Portugal y este mismo año con Chipre.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se enmarca en la mejora de la gobernanza económica que el Gobierno está llevando a cabo sobre la base de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el compromiso de la totalidad de las administraciones públicas de cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal previstos.

La ley consta de 27 artículos, estructurados a lo largo de tres capítulos. La Autoridad se crea como un ente de derecho público con personalidad jurídica propia, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto de las administraciones públicas con el objetivo de evaluar de forma continuada el ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. Tendrá que valorar las previsiones macroeconómicas que se incorporen a los proyectos de presupuestos y los distintos escenarios a medio plazo, no pudiendo aprobarse sin contar con su informe favorable. Entre sus funciones tiene encomendada el análisis de la ejecución de las políticas fiscales, «con la finalidad de detectar de forma temprana las posibles desviaciones en los objetivos perseguidos».

Además, debe informar sobre la conveniencia de activar las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en el capítulo cuarto de la ley orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria. En ningún caso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ni su presidente ni el personal a su servicio podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

Dispondrá de su propio patrimonio, aunque quedará adscrita al Ministerio de Hacienda. Los bienes económicos necesarios para su funcionamiento provendrán de las asignaciones que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado y de las tasas de supervisión y estudios que se determinen mediante ley. Con carácter anual reflejará su trabajo en una memoria de actividades.

Antes del15 de abril, la Autoridad Fiscal informará del proyecto de Programa de Estabilidad con especial atención a los compromisos que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda y la regla de gasto. Si hubiera cambios, tendrá que informar de ello. En los diez días siguientes a la aprobación por parte del Gobierno de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas, la Autoridad Fiscal remitirá a Hacienda un informe sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para cada una de las comunidades autónomas.