Caso Pujol
La cuesta de enero del clan Pujol
El ex presidente de la Generalitat, su esposa y cuatro de sus hijos declararán este mes como imputados en dos juzgados de Barcelona
La familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol despidió el año con ocho de sus nueve miembros imputados en diversos juzgados, la mayoría por delito fiscal y blanqueo. Pero 2015 no empezará mucho mejor. Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos tendrán que declarar en dos juzgados de Barcelona.
La próxima semana, el día 12, está citado a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona el ex secretario general de Convergéncia Oriol Pujol, a quien el supuesto tráfico de influencias en la concesión de licencias de estaciones de ITV le ha costado su prometedora carrera política. La magistrada cree que el hijo de Pujol pudo cobrar 700.000 euros en comisiones al prestarse a utilizar su «peso político» para conseguir supuestamente adjudicaciones a favor de amigos empresarios.
El ex portavoz parlamentario de CiU en el Parlament declarará por tercera vez en relación con este asunto y tendrá que afrontar una nueva imputación por cohecho y falsedad documental (también se le atribuye otro delito de tráfico de influencias) por el presunto cobro de comisiones a cambio de gestiones en beneficio de proyectos de deslocalización de un empresario. Ese mismo día también comparecerá como imputada su esposa, Anna Vidal, quien según la Fiscalía Anticorrupción habría encubierto las comisiones que cobró su esposo mediante facturas por servicios inexistentes.
Herencia «sospechosa»
Dos semanas después, el 27 de enero, será la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona quien interrogue como imputado al ex presidente Pujol, a Marta Ferrusola y a tres de sus hijos –Marta, Mireia y Pere– en relación a la fortuna de la familia oculta durante 34 años en el extranjero, cuya existencia confesó públicamente el patriarca de los Pujol el 25 de julio del pasado año.
Tras la querella interpuesta por Manos Limpias –a la que posteriormente se han sumado Podemos, Guanyem y UPyD, entre otras acusaciones–, Jordi Pujol deberá acreditar en un juzgado que el origen de esa fortuna, como mantiene, era una herencia de su padre (algo que la magistrada considera «sospechoso») y no proviene del supuesto cobro de comisiones durante su etapa al frente del Gobierno autonómico. La titular del juzgado, Beatriz Balfagón, ya dejo claro en el auto de imputación del pasado diciembre que la familia Pujol no ha aportado aún «ninguna documentación» que acredite que las cuentas de la familia en Andorra se nutrieron de un testamento (ni siquiera, se quejaba la juez en un auto, han enviado una copia del documento).
A la cita judicial, por si fuera poco, se le unirá en las próximas semanas la parlamentaria. Ante la comisión de investigación abierta a regañadientes en la Cámara catalana tras la confesión pública del ex president deberá desfilar a partir del 23 de febrero la familia en pleno. Ese mismo día, abrirán el fuego Jordi Pujol, Ferrusola y el primogénito del clan, y la primera semana de marzo les seguirán los otros seis hijos (Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Marta y Mireia).
Oleguer, a la espera
Pero el matrimonio Pujol Ferrusola y sus hijos no son los únicos que tienen problemas con la Justicia. Los efectos colaterales afectan también a la esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, también imputada en el «caso ITV», y a la ex mujer de Jordi Pujol Jr., Mercé Gironés, a quien el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz mantiene imputada por delito fiscal y blanqueo en la causa en la que el magistrado investiga los negocios del hijo mayor del ex presidente de la Generalitat. Pese a estar divorciados, las cuentas que el matrimonio mantiene en común pasaron de 106.000 euros en 2008 a un saldo de 12,2 millones en 2012.
Pujol Ferrusola negó al juez Ruz que los ocho millones de euros que cobró de 17 empresas entre 2005 y 2010 correspondiesen a comisiones por intermediar en su beneficio ante la Administración catalana y justificó esos ingresos por labores de intermediación empresarial.
Otro hijo de Jordi Pujol, Oleguer, se encuentra además en capilla a la espera de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le cite a declarar como imputado. El magistrado ha pedido un informe a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía –que mantiene que ejecutó un «plan preconcebido» para blanquear «varios miles de millones» de euros– antes de decidir al respecto.
Imputados por 18 delitos que suman penas de 15 a 90 años de cárcel
Los 18 delitos por los que están imputados –en los cuatro procedimientos judiciales abiertos contra ellos– el ex presidente de la Generalitat, su esposa y seis de sus siete hijos están castigados en el Código Penal con penas que oscilan entre los 15 y los 90 años de cárcel. La mayoría del clan está imputado por delito fiscal y blanqueo de capitales. Así sucede con el matrimonio Pujol Ferrusola y tres de sus hijos: Marta, Mireia y Pere. En la misma situación se encuentra Jordi Pujol Jr., quien ya ha declarado ante el juez Pablo Ruz, y su hermano Oleguer, a quien otro juez de ese mismo tribunal, Santiago Pedraz, investiga por esos dos delitos.
Sin embargo, Oriol Pujol está imputado en el «caso ITV» por cohecho, tráfico de influencias y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
En total, la Justicia imputa a la familia Pujol siete delitos fiscales, otros tantos de blanqueo, dos de cohecho, un delito de tráfico de influencias y otro de falsedad documental que, como se ha apuntado, están castigados en conjunto con penas que suman 90 años de cárcel.
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