La declaración más temida por el Ejecutivo andaluz

El anuncio de la marcha de Griñán de la Presidencia de la Junta lo hará oficialmente hoy en el Comité Director del partido, 24 horas antes de que llegue al despacho de la jueza Mercedes Alaya el ex interventor general Manuel Gómez. La declaración es la más temida por el Ejecutivo autonómico pese a que la Junta insistiera ayer en que está tranquila. Gómez puso en ignición la comisión de investigación de los ERE el verano pasado cuando dijo claramente que había enviado hasta 15 alertas al presidente andaluz con las irregularidades que se estaban produciendo. Alegóricamente, pero con un mensaje claro se despachó Gómez: «Si su vecino le advierte a voces por la ventana de que salen llamas por el extractor de humos de su cocina, ¿usted qué haría?, ¿llamaría a los bomberos para evitar una probable catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmase la noticia por carta o por correo electrónico?». Los argumentos de Griñán en el «caso de los ERE» se han ido debilitando a medida que se iban conociendo más datos de la investigación. El presidente andaluz fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. En ese tiempo la Intervención le alertó de que la Junta estaba siguiendo un método para el pago de ayudas –a través de la transferencia de financiación– «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», que provocaba además todo un desmán contable. Entre otras cosas, desfases presupuestarios que llegaron a los 95 millones de euros anuales. Griñán ha alegado que no le llegaron los informes porque no se los trasladó su viceconsejera y que, en todo caso, quien tenía que actuar era Empleo. Pero él mismo contribuyó a estabilizar esos desfases a través de modificaciones presupuestarias que elevó al Consejo de Gobierno. En un acto de soberbia –uno de sus puntos débiles– reconoció incluso en el Parlamento, administrándose él mismo el dogal, que cuando dejó la Consejería de Hacienda dejó solventado el problema de los desajustes. El interventor, en una carta remitida al Parlamento, ya censuró duramente que Griñán «cebara –a través de dichas modificaciones– la corrupta partida» de los ERE. Dijo también que el presidente andaluz podría haber acabado con el «nido de corrupción» en 24 horas si hubiera tenido voluntad. Desde que se conocieron los informes de la Intervención creció el runrún sobre una posible imputación de Griñán. Sin embargo, el reciente auto de la jueza en el que imputa a una veintena de altos cargos, entre ellos a la ex ministra de Trabajo Magdalena Álvarez, ha sido la puntilla. Magdalena Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004. Los motivos de imputación son perfectamente extrapolables al presidente andaluz. Entre ellos, que es responsabilidad del consejero de Hacienda, según la Ley General de Hacienda Pública, «velar por la ejecución del Presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia». Cuando el «número dos» del PSOE andaluz justificó el relevo en el partido en estar preparados ante «cualquier contingencia», mirar hacia la contingencia de los ERE era obligado.

A Griñán el «caso de los ERE» le ha supuesto un gran desgaste político –originando fuertes tensiones en el partido– y personal. Ha dicho el presidente andaluz que cuando se vaya cierra la puerta. Pero todo apunta a que seguirá como senador en el cupo autonómico para mantener el aforamiento y estar lejos del guante de Alaya.