La denuncia contra Puig por cobrar comisiones llega al TSJC

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debatirá los argumentos del empresario francés François Seroux que ayer presentó una denuncia contra el consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat catalana, Felip Puig.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) recibió ayer la denuncia que el empresario francés François Seroux presentó contra el consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat catalana, Felip Puig.

Le acusa de haberle pedido una comisión del 5 por ciento por la adjudicación de unas obras del puerto de Barcelona. De esta manera, el tribunal catalán ya tiene la denuncia en sus manos. Fue remitida por la Audiencia Nacional, debido a la condición de aforado de Puig. En los próximos días se asignará a uno de los seis magistrados que componen la sala civil y penal del TSJC para decidir si se admite a trámite o no.

La denuncia sostiene que Seroux se reunió hasta en dos ocasiones, concretamente en marzo y julio de 2014, con Puig, en relación con un proyecto de inversión empresarial en el puerto barcelonés, según la declaración del propio empresario.

Sostiene la denuncia que Puig le exigió una comisión para adjudicarle unas obras cuando era consejero de Política Territorial y Obras Públicas, en una anterior legislatura de CiU en la Generalitat, cuando el presidente era Jordi Pujol.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que precisamente ayer dejó de ser magistrado de este tribunal, fue el que recibió la denuncia y, al percatarse de que afectaba a un aforado que es competencia del TSJC, la reenvió a los juzgados de guardia de Barcelona, que a su vez la reenviaron al tribunal catalán, sin incluso practicar diligencias.

Por su parte, Puig negó desde el primer momento la versión que ofrece la denuncia del empresario. Según la declaración de Seroux, los permisos para poder realizar la obra dependían del citado departamento de la Generalitat.

Siempre según esta versión, Puig le transmitió verbalmente que si quería que se le adjudicara el proyecto sería conveniente que entregara una contraprestación económica. LA RAZÓN adelantó que se trataba del 5 por ciento del montante de la obra.

Seroux decidió renunciar a realizar el proyecto, y en su declaración ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) entregó la documentación que acredita las gestiones que realizó para culminar la obra. De momento, Puig respondió que esta denuncia «no sólo es falsa, también inverosímil», y que presentó una demanda. La UDEF enmarcó estas pesquisas en las investigaciones que realiza para ampliar las imputaciones contra Jordi Pujol Ferrusola.