La encrucijada del juez Castro

La Infanta Cristina declarará el próximo 8 de febrero como imputada en el «caso Nóos» por delito fiscal y blanqueo pero, tras las declaraciones ante el juez de tres inspectores de Hacienda y de una responsable policial que la exculpan de ambos delitos, lo hará con viento a favor. Sus conclusiones ya se conocían con anterioridad, pues estaban plasmadas en numerosos informes, pero la contundencia con que el pasado sábado las presentaron ante el magistrado sitúa a éste ante una complicada tesitura: una comparecencia a la búsqueda de indicios que los propios peritos que han llevado el peso de la instrucción no han hallado a lo largo de meses de investigación.

Tanto el fiscal Pedro Horrach como la abogada del Estado Antonia Perelló, que se han opuesto siempre a la imputación de Doña Cristina, consideran casi definitivas las últimas declaraciones prestadas en el «caso Nóos», que en su opinión han echado por tierra esa posible imputación por delito fiscal de la hija del Rey a través de Aizoon, la empresa que comparte al 50% con Iñaki Urdangarín. Pese a esa convicción, ni la Fiscalía ni los Servicios Jurídicos del Estado parecen dispuestos a pedir al juez Castro que retire la imputación de la Infanta por este delito antes del día fijado para su comparecencia en los juzgados de Palma de Mallorca. Algo que también descarta la defensa de la Infanta, que prefiere esperar a instar la medida una vez se produzca su declaración ante el juez.

Cooperación necesaria

Ante los argumentos de los inspectores de Hacienda, Castro parece dispuesto a sostener, al menos por ahora, que la Infanta pudo cometer delito fiscal como cooperadora necesaria de los delitos tributarios que se imputan a su marido en las declaraciones de IRPF de 2007 y 2008 (donde no incluyó los ingresos de 1,1 millones de euros que obtuvo el duque de Palma como consejero o asesor de diversas empresas privadas). Pero, para que así fuera, debería acreditarse que la Infanta era consciente de que Aizoon se creó con el objetivo de defraudar a Hacienda –lo que convertiría su partipación en indispensable para la supuesta comisión de los delitos fiscales que se imputan a su marido–, una posibilidad que descartan las fuentes jurídicas consultadas.

Con esos mimbres, ¿es posible imputarle un delito de blanqueo? «Si no hay delito fiscal previo, ¿cómo puede haber un delito de blanqueo posterior?», se preguntan esas mismas fuentes anticipando una respuesta negativa. El propio juez da una clave en el auto de imputación de la Infanta cuando, refiriéndose a Urdangarín, dice que «aunque no es éste el momento procesal oportuno para entrar en polémicas calificadoras, se es más proclive a no estimar concurrente ningún delito de blanqueo de capitales» (porque la reforma legal que introduce el autoblanqueo en el Código Penal es posterior a los hechos que se juzgan). Cuesta pensar que Castro no impute el blanqueo al duque de Palma y sí lo haga, finalmente, con la Infanta.

En esa resolución, el instructor afirma que la controversia sobre si los bienes que tienen su origen en un delito contra la Hacienda Pública pueden ser objeto también de un delito de blanqueo ya fue resuelta por el Tribunal Supremo en sentido afirmativo en una sentencia de diciembre de 2012. Esa doctrina, recordaba Castro, permitió confirmar la condena a un matrimonio en el que el marido cometió delito fiscal y su esposa «conocía el origen ilícito de los bienes». Sin embargo, el pasado sábado la inspectora jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía –responsable de la minuciosa investigación de los gastos de Aizoon– ratificó al juez que no hay ni un solo indicio de que Doña Cristina cometiese ese delito.

Tras esas comparecencias, algunas fuentes especulaban con la posibilidad de que Castro opte por retirar la imputación por delito fiscal, algo que se antoja bastante improbable, al menos antes de la declaración de la Infanta. Después, seguramente tenga que pronunciarse al respecto a instancias de la defensa de Doña Cristina o de Anticorrupción, que no tardarán en pedir la desimputación, sobre la que tendría la última palabra la Audiencia de Palma.