La factura del soberanismo: 57.122 millones de deuda

Desde la Diada de 2012, ha sido el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el que ha salvado la quiebra, y es que la deuda de Cataluña superaría los 200.000 millones si se independizara de España.

Los territorios que componen un país no son ajenos a lo que sucede en éste, por más que su potencial industrial, turístico o financiero esté por encima de la media. Cataluña, alrededor de la quinta parte del Producto Interior Bruto de España, sigue sin levantar cabeza, a la espera de que en los próximos meses se confirme el empujón de la actividad económica que todos los expertos, nacionales e internacionales, pronostican para nuestro país.

Poco o nada ha cambiado para mejor en Cataluña desde la celebración de la Diada de 2012, que marca el comienzo del pulso soberanista de Artur Mas con el Estado español. Ni en el aspecto político ni en el económico. En el primero, habrá noticias mañana martes, cuando el Congreso de los Diputados vote la propuesta aprobada por el Parlamento catalán el pasado mes de enero, que declara soberano al pueblo de Cataluña para decidir sobre su futuro. En el aspecto económico, la mejoría tendrá, necesariamente, que ir a remolque de la ansiada recuperación.

En estos casi diecinueve meses que han transcurrido, la renta per cápita de Cataluña se ha estancado, la deuda se ha disparado y la persistencia del déficit constata que el Gobierno de Artur Mas gasta por encima de sus posibilidades de ingresos. Los últimos datos de producción industrial, uno de los puntos fuertes de la economía catalana, por ejemplo, muestran que la caída de la actividad en los últimos doce meses ha sido muy superior (-1,6%) a la media nacional (-0,1%). Otra prueba de que la región no marcha bien es que la inversión bruta productiva en el extranjero de las empresas catalanas se redujo el pasado año un 6,9%, cuando en el conjunto del Estado creció un 2,7%. Son detalles que evidencian las dudas que ha despertado el proyecto independentista de Mas.

Gastar más de lo que se ingresa

El aspecto que más preocupa a la Generalitat es el de la financiación. En enero, la agencia de calificación de solvencia Fitch confirmó el rating de Cataluña en «BBB-», con perspectiva estable, sólo un escalón por debajo del rating de la deuda de España. ¿Cuál es la razón de que haya tan escasa diferencia en las notas? Sencillamente, que la agencia considera que aunque el acceso a la financiación de la región y del Estado no aguanta la comparación, estima que el Gobierno de Rajoy, pese a las diferencias políticas que mantiene con Artur Mas, no tendría más remedio que prestarle su apoyo en el caso de necesidad. La agencia considera que la deuda de la Generalitat está dentro del escalón de «bono basura», como consecuencia, fundamentalmente, de su elevado déficit por cuenta corriente. La existencia del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se ha convertido en el balón de oxígeno con el que respira Cataluña.

Moody's tiene otorgada una nota de «Ba3» (calidad de crédito cuestionable), y Standard & Poor's, «BB», una calificación «muy propensa a los cambios económicos». Los analistas aseguran que Cataluña no podría financiarse en los mercados de capitales con estas notas, todo lo contrario que el Tesoro Público, que en las últimas subastas está colocando deuda en las mejores condiciones de tipos desde la creación del euro, tanto a corto como a medio y largo plazo.

Montilla y Mas han recurrido a los «bonos patrióticos» para probar la aceptación de los mercados, en lo que algunos consideraron un ensayo de lo que ahora está en juego: la independencia de Cataluña. En abril de 2012, la Generalitat amplió su emisión de 2.000 a 2.150 millones de euros en bonos a un año, con una rentabilidad del 4,5%, y a dos años, con un interés del 5%. Estos tipos eran los que percibían los compradores, pero el coste para el emisor era del 7,5%, al pagar una fuerte comisión a las entidades financieras que los colocaban en el mercado. Los problemas de los mercados en el verano de 2012 se trasladaron inmediatamente a estos bonos y la Generalitat tuvo que solicitar el rescate del Estado a través del FLA ante la imposibilidad de pagar los intereses, lo que permitió devolver cerca de 2.700 millones de euros a los 135.000 inversores que estuvieron a las puertas de perder todos o buena parte de sus ahorros.

Una deuda inaceptable

Y es que la deuda de Cataluña no ha parado de crecer desde el comienzo de la crisis. Es algo parecido a lo que ha sucedido en el conjunto del Estado, pero con una salvedad: a éste se le reconoce una solvencia que la Generalitat no ofrece. Buena prueba de ello es que, en apenas 20 meses, el interés del bono español a diez años ha pasado del 7,6% al 3,15%, con la prima de riesgo por debajo de 160 puntos básicos, algo impensable para un país que no cumpla con sus compromisos con los inversores. La deuda de Cataluña asciende a 57.122 millones a cierre de 2013, 10.471 millones más que a 31 de diciembre de 2012 y 3,6 veces superior a la de 2007. En una hipotética separación de España, Cataluña tendría que «cargar» con la parte alícuota de la deuda del Estado en función de su participación en el PIB, lo que equivaldría a sumar alrededor de 150.000 millones de euros más, teniendo en cuenta que la deuda de la Administración central ascendía en marzo a 784.407 millones. En ese supuesto, la deuda de Cataluña superaría al PIB, lo que con una calificación de «bono basura» conduciría irremediablemente a la quiebra.

Una economía con dudas

La deuda es consecuencia de gastar más de lo que se ingresa año tras año. Cataluña tuvo un déficit el año pasado del 1,96% de su PIB (3.769 millones), al que hay que sumar el de 2012, el 2,23% (4.295 millones). En dos años, el desfase entre ingresos y gastos se ha acercado a los 8.000 millones. El problema es que el primer dato de 2014 no invita al optimismo: 307 millones de déficit, un 7% más que en el mismo mes de 2013.

Lo único que no ha subido es el PIB, que permanece inalterado en el último ejercicio en 192.500 millones, lejos de los más de 200.000 de 2008. El camino seguido es muy similar al de la actividad económica del conjunto del país, algo normal si se tiene en cuenta que representa en torno al 20% de su valor de mercado.