La factura política de la corrupción

El segundo registro de la sede del PP en poco más de dos años, esta vez rastreando una posible financiación ilegal de los populares madrileños, es el último eslabón de una de las muchas investigaciones judiciales por corrupción que mantienen en un continuo sobresalto al partido en el gobierno. Lejos queda aquel febrero de 2009 que marca el comienzo de la instrucción del «caso Gürtel» por el juez Baltasar Garzón, la trama corrupta encabezada por el empresario Francisco Correa que, por ahora, sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional, el próximo octubre, a tres ex tesoreros de la formación, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, con el PP y la ex ministra Ana Mato como partícipes a título lucrativo.

Es la segunda preocupación de los españoles, tras el paro, y el año pasado, según el último informe de Transparencia Internacional, nuestro país registró el peor dato de percepción de la corrupción de su historia. Los casos de corrupción marcan la agenda política, condicionan pactos de gobierno y renuevan periódicamente las promesas de tolerancia cero de los cargos públicos, plasmadas en programas electorales que el tiempo tiende a convertir en inoperantes para frenar nuevos casos. La larga nómina de investigados por delitos de corrupción (que supera ya los 2.000) ha dado alas a las formaciones emergentes, autoerigidas en arietes contra cohechos, prevaricaciones y financiaciones ilegales.

Basta con echar un vistazo a los informativos para comprobar en qué medida las noticias sobre casos de corrupción impregnan diariamente la actualidad. Gürtel, Púnica, ERE, Acuamed, Nóos, Palma Arena, Bárcenas, Pujol, Tres por ciento... El abecedario es lo suficientemente prolijo como para haber agotado hace tiempo la perplejidad ciudadana.

Por si fuera poco, las interferencias entre decisiones judiciales y actuaciones políticas han provocado coincidencias que han soliviantado a los partidos afectados. Así sucedió en noviembre de 2014, cuando el auto del juez Pablo Ruz dando carpetazo a la investigación de la primera época de la «trama Gürtel» acarreó la dimisión de la entonces ministra Ana Mato horas antes de que Mariano Rajoy compareciese en el Congreso para anunciar un paquete de medidas legislativas contra la corrupción. O en abril del pasado año, cuando la declaración como imputados de Chaves y Griñán en el Tribunal Supremo en el caso de los ERE puso en un brete a Susana Díaz mientras negociaba su investidura y tanto Ciudadanos como Podemos le reclamaban insistentemente la dimisión de ambos. Y, más recientemente, el pasado jueves. Ese día, mientras Esperanza Aguirre ultimaba su intervención en la comisión de la Asamblea sobre corrupción política, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entraban en la sede del PP en la calle Génova en busca del ordenador del antiguo gerente de los populares madrileños Beltrán Gutiérrez.

PP: de Gürtel a Acuamed

La «trama Gürtel» ha sido, sin duda, la peor pesadilla judicial del PP en estos últimos años. Pero no la única. La investigación que sentará en el banquillo en octubre a sus tres ex tesoreros destapó en su día los supuestos pagos en «B» en la formación, que el juez Ruz dio por acreditados (por el pago en dinero negro de parte de la reforma de su sede en Madrid) en la causa de los «papeles de Bárcenas», pendiente aún de conocer fecha de juicio.

No menos secuelas ha dejado en los populares la «trama Púnica» –que mantiene en la cárcel a su ex secretario general en Madrid Francisco Granados–, en la que el juez Eloy Velasco investiga ahora una posible financiación ilegal del PP madrileño rastreando pagos del empresario Javier López Madrid.

Mientras los casos de corrupción en Baleares han llevado ya a prisión (por una de las secuelas del «caso Palma Arena») al ex presidente del Govern Jaume Matas –inmerso en una ristra de causas por corrupción, incluido el «caso Nóos» por sus convenios con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín y Diego Torres–, en Valencia la última operación de la Guardia Civil acarreó la detención, entre otros ex altos cargos, de Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación, y ha situado en el punto de mira a la ex alcaldesa Rita Barberá ante una posible financiación ilegal del PP valenciano.

El procesamiento del ex ministro Rodrigo Rato por apropiación indebida en el caso de las «tarjetas black» y las investigaciones contra él por la fusión y salida a bolsa de Bankia y por posibles delitos fiscales y de blanqueo también han pasado factura al PP.

La última investigación por corrupción vinculada a los populares es el «caso Acuamed» –que ha saltado en plenas negociaciones de investidura–, una supuesta trama de sobornos (incluidos implantes de pelo y viajes a Turquía) a altos cargos de la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura que provocó la dimisión del subsecretario de Presidencia, Federico Ramos.

«ERE», el lastre del PSOE

Los más de 850 millones de euros en los que la jueza Mercedes Alaya cuantificó el fraude de los ERE –las ayudas para el empleo gestionadas por la Junta de Andalucía– han sido el principal lastre del PSOE en las investigaciones judiciales por corrupción. De hecho, provocó las dimisiones de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mentor de Susana Díaz, que cuentan los días para su declaración en abril como investigados ante el Tribunal Supremo.

El «caso Campeón» –una presunta trama de obtención de subvenciones a cambio de comisiones a cargos públicos– también trajo de cabeza al PSOE por la implicación de su ex ministro José Blanco, aunque finalmente el Supremo archivó su imputación por tráfico de influencias pese a que el instructor de la causa había propuesto sentarle en el banquillo.

El PSOE gallego también se ha visto salpicado por el «caso Pokémon», otra trama corrupta en la adjudicación de servicios públicos que afecta igualmente a ex altos cargos del PP y BNG.

Ciu, la sombra del 3%

La investigación sobre el pago de comisiones –el ya célebre 3% denunciado por el ex president Pasqual Maragall– a cambio de adjudicaciones públicas del juez de El Vendrell mantiene en vilo a la formación soberanista (sobre todo tras la detención de su tesorero Andreu Viloca), que además ha visto cómo su cofundador Jordi Pujol declaraba esta semana en la Audiencia por blanqueo. Dos de sus más estrechos colaboradores como president, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, se sentarán además en el banquillo por el «caso Pretoria» por supuesta corrupción urbanística. CiU ya se vio salpicada por el «caso Palau», que acarreó el embargo de sus sedes.