La familia podrá recurrir la exhumación de Franco

El Arzobispado insiste en que la decisión es del «Gobierno y de la familia» y aboga por la «reconciliación».

Ahora parece que sí. Después de no pocos anuncios, el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo viernes un Real Decreto Ley para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, que deberá ser convalido por el Congreso en el plazo máximo de un mes y que no afectará a José Antonio Primo de Rivera, enterrado a pocos metros. Es decir, se aprobará una norma con rango de decreto ley que afectará exclusivamente a Franco. Con esta fórmula jurídica el Gobierno quiere «blindarse» ante posteriores recursos.

Y ello, porque ante este escenario, una de las grandes incógnitas es saber qué medidas jurídicas pueden utilizar, si las hay, los descendientes de Franco para evitar la salida de sus restos del Valle de los Caídos. Sobre esta cuestión, es claro que no puede recurrir de ninguna forma el real decreto que aprueba esa exhumación; y ello, por la sencilla razón de que un decreto ley sólo puede impugnarse ante el Tribunal Constitucional por 50 diputados, otros tantos senadores, comunidades autónomas, etc, pero en ningún caso el afectado directamente. En cambio, el acto administrativo que se tenga que dictar poteriormente, una vez consolidado el decreto ley para llevar a cabo lo dispuesto en el mismo, sí podrá la familiar recurrirla en la vía contencioso-administrativa contra esa actuación. Pero, al tener rango de Ley el decreto que regula esa norma, la familia sólo podrá justificar su recurso si entiende que se ha violado un precepto constitucional. Por ejemplo, según fuentes jurídicas, podría esgrimir que la exhumación de Franco no requería de un decreto ley, ya que no existe una «necesidad imperiosa» para ello. Si el juez no aprecia inconstitucionalidad alguna desestimará el recurso.

La familia podría igualmente, llegado el caso, plantear de forma urgente, junto con el recurso, la petición como «medida cautelarísima» que se paralizase la exhumación hasta la resolución del recurso. Sin embargo, esta opción tiene pocos visos de salir adelante, ya que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos no sería una medida irreparable si finalmente se estimase la impugnación de los sucesores de Franco. Algo similar ocurrió con el general Sanjurjo, respecto al cual el Ayuntamiento de Navarra ordenó su exhumación de la Cripta de los Caídos y, posteriormente, un juez otorgó la razón a sus familiares y éstos podían volver a enterrarlo en el mismo lugar. Otro de los argumentos que podrían utilizar los familiares de Franco estaría relacionado con que se trata de un decreto ley que se refiere a un único caso y ello puede afectar a derechos fundamentales, para lo cual esgrimirían que el TC ha anulado algunas normas de «supuesto único» dictadas por comunidades autónomas.

La apertura de este proceso en el inicio del curso político permite al Gobierno coger aire respecto a las amenazas de un «otoño caliente» anunciado por el sector independentista catalán. Las fechas clave son el 11 de septiembre, en la Diada, y el 1 de octubre, cuando se cumple un año desde la celebración del referéndum ilegal. A principios de este mes, Torra celebrará una reunión para fijar la hoja de ruta del independentismo, y Sánchez depende en gran parte de los votos de Esquerra y el PDeCAT en el Congreso tras su moción, un factor que Puigdemont usará en su propio beneficio para presionar con un referéndum pactado a cambio de no dinamitar la legislatura. Con este conflictivo ambiente político por delante, la exhumación de Franco ayudará a desviar la atención mediática, inclusive cuando el Ejecutivo ha estudiado paso a paso la vía jurídica para que Sánchez se erija como el presidente que sacó a Franco del Valle de los Caídos, que, paradójicamente, ha visto cómo se han duplicado las visitas desde el anuncio de la medida. De momento, el Arzobispado de Madrid, en conversación con este periódico, señala que en ningún momento el presidente del Gobierno ha hablado directamente con el arzobispo Osoro, y que el eclesiástico no ha trasladado al Ejecutivo la postura que se adoptará desde su diócesis. «La decisión corresponde al Gobierno y a la familia y el Arzobispado reza por la reconciliación», afirman fuentes de la curia. Los nietos de Franco sí han dejado clara su oposición a la exhumación, que consideran una «profanación». El Valle de los Caídos pertenece a Patrimonio Nacional, pero la basílica está encomendada a la comunidad benedictina, por lo que se podría solicitar su mediación. La familia baraja llevar el asunto al Vaticano y apelar a los Acuerdos firmados entre Iglesia y Estado en 1978. No obstante, el Arzobispado confía en que la solución se encuentre dentro del ámbito nacional.