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La fiscal jefa de Sevilla, María José Segarra, nueva fiscal general del Estado

En las últimas elecciones al Consejo Fiscal, órgano representativo de la Carrera, fue elegida vocal por la UPF, al igual, precisamente, que la ministra de Justicia, Dolores Delgado

  • María José Segarra, hasta ahora fiscal jefa de Sevilla
    María José Segarra, hasta ahora fiscal jefa de Sevilla
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

13 de junio de 2018. 03:44h

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Francisco Velasco Madrid. 12/6/2018

La todavía fiscal jefe de Sevilla y vocal del Consejo Fiscal, María José Segarra, será la nueva fiscal General del Estado. Esta decisión está previsto que se oficialice este viernes en el Consejo de Ministros tras la propuesta que realizará en este sentido la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Tal como informó LA RAZÓN el pasado sábado, Segarra se había perfilado como la más firme candidata para suceder a Julián Sánchez Melgar. Será la segunda mujer en ocupar la más alta posición del Ministerio Público, tras Consuelo Madrigal. Segarra pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma en la que estaba integrada Dolores Delgado antes de ocuparse de la cartera de Justicia.

El Ministerio de Justicia no confirmó ayer la propuesta de Segarra, pero la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece, sí expresó ya su satisfacción «por la elección de María José Segarra Crespo como candidata a ser nombrada fiscal general del Estado»; un nombramiento que, asegura al respecto la UPF, «anticipa una nueva etapa dentro de al Fiscalía española, en la que, encabezados ahora por la fiscal general del Estado, comenzaremos a recuperar el orgullo de pertenecer a la Carrera fiscal y avanzaremos en el compromiso de la Justicia y los retos del futuro», y, «representa la manera en la que la UPF entiende que debe ejercerse una jefatura».

María José Segarra ocupa la jefatura de la Fiscalía de Sevilla desde que la nombró para ese cargo Cándido Conde-Pumpido en el año 2004, cuando éste era fiscal general del Estado. Su realizó en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal, toda vez que obtuvo cinco votos frente a los siete que obtuvo Antonio Ocaña, lo que derivó en no pocas críticas desde la mayoritaria Asociación de Fiscales. Posteriormente fue renovada en dos ocasiones, la última de ellas con el Gobierno del PP.

Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF) manifestó ayer su «inquietud y desconcierto» por que el Gobierno esté buscando un fiscal general del Estado que tenga una «afinidad clave» en el tema de Cataluña cuando, a su juicio, debe exigirse una actuación independiente a una tendencia política. La AF recuerda que el PSOE ha defendido la independencia del máximo representante del Ministerio Público respecto del Ejecutivo, sin que le pueda exigir «ningún otro tipo de afinidad» que el absoluto respeto al artículo 2 de la Constitución.

Perfil

Segunda mujer. Segarra de 54 años, sería la segunda mujer en acceder a lo más alto de la Fiscalía, tras Consuelo Madrigal. Fiscal jefe de Sevilla, nombrada por Cándido Conde-Pumpido en 2004, por encima de candidatos como el ex consejero de Justicia andaluz Emilio Llera, en las últimas elecciones al Consejo Fiscal fue elegida vocal por la Unión Progresistas de Fiscales (UPF), al igual, precisamente, que la ministra de Justicia, su amiga Dolores Delgado. Segarra accedió al cargo con 854 votos. En esta elección fue la cuarta aspirante más votada, por encima de la nueva titular de Justicia, que sacó 700 votos.Después fue renovada dos veces, la última con el Gobierno del PP. Segarra, que en otoño celebró 30 años como miembro del Ministerio Público, comenzó en Barcelona de la mano de Carlos Jiménez Villarejo y luego fue destinada a Sevilla. Durante su candidatura al Consejo Fiscal, Segarra destacó la importancia del despliegue territorial de las fiscalías, del desarrollo digital y llamó la atención sobre las escasas plantillas en las secretarías de las fiscalías. Entre sus reclamaciones están la compensación económica ante la imposibilidad real de organizar los días de libranza, el abono de los días de guardia perdidos en las bajas por enfermedad o la nivelación salarial conforme a las funciones que se realizan.

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