La Fiscalía alemana responsabiliza a Puigdemont de la violencia del 1-O

«El Gobierno podría haberse visto obligado a ceder» a los fines «de los separatistas» por la violencia, dice el fiscal.

El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein es quien debe decidir si, finalmente, entrega a Carles Puigdemont para que pueda ser juzgado en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, en relación con la causa que se sigue por todo lo relacionado con el «procés», que acabó con la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. La decisión se ha retrasado hasta finales de junio.

En un principio, los magistrados han rechazado la pretensión de la Justicia española, pero ésta ha encontrado un fiel aliado en la Fiscalía alemana, la cual sostiene con firmeza en el recurso que existen motivos más que justificados para considerar los hechos imputados a Puigdemont como un delito de alta traición recogido por el Código Penal germano, o, subsidiariamente, de un delito de quebrantamiento de la paz, que igualmente justificaría la entrega de Puigdemont por los hechos de los que está acusado. Por ello, concluye que «la extradición por rebelión no es a priori inadmisible», al a vez que deja claro que no se trata de ninguna «persecución política» contra el expresidente catalán: «Un estado democrático de Derecho tiene derecho a hacer frente a los ataques a su existencia también mediante el Derecho Penal».

En el informe se destaca cómo de la información remitida por las autoridades judiciales españolas se desprende que «los disturbios en Cataluña llegaron a tal punto que el Gobierno español podría haberse visto obligado a ceder a las aspiraciones de los separatistas»; un uso de la violencia que se extendió por toda la comunidad autónoma y que «precisamente por esta extensión y propagación, podría haber sido idónea para forzar al gobierno español a ceder ante los separatistas». El hecho de que el Gobierno no cediera ante esa violencia no cambia, añade la Fiscalía, el carácter delictivo de los disturbios» que tiene su encaje en el Código Penal alemán: «Si se exigiese para la ejecución efectiva del delito un uso de la violencia que pusiese al Estado de rodillas, ya no existiría un ordenamiento penal que permitiese que el perpetrador rindiese cuentas».

Y en este punto se implica directamente a Puigdemont, al considerar que «actuó también deliberadamente en lo tocante a la consecución violenta de la independencia de Cataluña», toda vez que, una vez sucedido los incidentes graves el 20 de septiembre delante de la Consejería de Hacienda, podía conocer que se repetirían el 1 de octubre y, pese a ello, «no canceló el referéndum». De esta forma, según el Derecho alemán «el perseguido no tiene motivos de justificación, en particular ninguno con rango constitucional. Las manifestaciones violentas no están protegidas por los artículos 5 y 8 de la Constitución alemana».

De forma subsidiaria, sostiene que la conducta del expresidente catalán puede incardinarse también en el delito alemán de quebrantamiento grave de la paz, ya que «el perseguido es responsable de la violencia contra los agentes de la Policía» que sufrieron no pocas agresiones.