La Fiscalía allana el camino al juez Pedraz para permitir la celebración del acto etarra

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia delito de enaltecimiento del terrorismo en la convocatoria del acto de los presos etarras excarcelados tras el fin de la doctrina Parot, pero ha pedido al juez encargado, Santiago Pedraz, que esté vigilante ante cualquier acción que pueda ser delictiva.

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso no se opone a la celebración del acto convocado para hoy en Durango (Vizcaya) por el colectivo de presos vascos EPPK en el que participarán 63 etarras recientemente excarcelados por la derogación de los efectos retroactivos de la «doctrina Parot» al tratarse de una actividad que se realiza en un local privado y sin difusión pública, por lo que considera que, a priori, es «penalmente neutro».

Según señalaron a este periódico fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en ninguno de los tres informes que el juez Santiago Pedraz solicitó tanto a la Policía, Guardia Civil y Ertzaintza se hace referencia a que el acto pueda incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo. El informe de la Fiscalía, último paso antes de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 decida sobre la reunión, se elaboró tras analizar los informes presentados de los cuerpos policiales y los tres coinciden en señalar que se trata de una reunión de 63 reclusos de la banda que ya disponen del libre ejercicio de sus derechos tras haber sido excarcelados y que tiene como finalidad reunirse en una comida que se realizará en un local cerrado donde el colectivo tiene previsto valorar el comunicado que hizo público el pasado 28 de diciembre el colectivo de presos de ETA. Además, indican que para ser constitutivo del delito de enaltecimiento faltaría el elemento de la difusión.

Asimismo, el informe insta a los cuerpos policiales a que si se produjera cualquier acto de presos, gritos, vítores o cualquier tipo de homenaje que pudiera constituir en una ofensa para las víctimas y, por tanto, con ello se esté incurriendo en un delito de enaltecimiento, le sea comunicado y se detenga a los que lo cometan.

El juez Pedraz no se pronunció ayer al respecto, aunque hoy, según todos los indicios, autorizará el acto etarra siguiendo el criterio de la Fiscalía.

Los informes policiales llegaron al Juzgado a lo largo del día de ayer y, según afirman las mismas fuentes, coinciden en sus contenidos al señalar que un particular reservó el Kafe Antzokia de la localidad vizcaína de Durango para celebrar el acto, además de reservar una comida para un determinado número de personas. Además, se ha realizado una convocatoria de prensa que fue enviada el jueves, después de que Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero pidiera a la Audiencia Nacional la suspensión del acto, al considerar que los ex reclusos quieren utilizar dicha reunión para hacer «un acto conjunto» y celebrar su salida de la cárcel además de «brindar y enaltecer el terrorismo de ETA». Dignidad y Justicia subrayaba en su denuncia ante la Audiencia que el convocante del acto es el KT1, «subestructura» de EPPK y «órgano de dirección de dicho colectivo», al frente del cual se encuentra Arantza Zulueta Amuchastegui, quien actualmente está en libertad provisional en la causa seguida contra ella y otros abogados defensores de etarras, así como imputada por un delito de integración en organización terrorista.

La asociación considera que EPPK «forma parte del entramado» de la banda y se encarga de «procurar la cohesión y la adherencia de los presos que cumplen condena por actos terroristas siguiendo los postulados de ETA», excluyendo a los reclusos que no pertenecen al entorno etarra. En dicha denuncia incorporaba dos anexos con la información publicada en los medios sobre dicho acto y recordaba que «KT1», órgano de dirección del (EPPK), liderado por la abogada Arantza Zulueta, es un «subaparato» de ETA encargado de la estrategia de control sobre el colectivo de reclusos de la banda donde Zulueta –la cual estuvo en prisión provisional por existir suficientes indicios racionales de criminalidad– forma parte de Halboka, encargada de facilitar y/o transmitir «informaciones» de personas, vehículos como objetivos potenciales de ETA, así como interlocutora entre los presos y la organización terrorista estando imputada y próxima a ser procesada por el delito de integración en organización terrorista. Además, indica que el «Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), aunque a día de hoy no ha sido aún ilegalizado, forma parte del entramado de la organización terrorista ETA.

Quien no estará y tampoco se le espera es Sortu, que se estaría jugando la ilegalización debido a que según dijo el Gobierno estarían traspasando las líneas rojas de su ilegalización.