La Fiscalía catalana tiene previsto no pedir la inhabilitación de Mas

«La Fiscalía Superior de Cataluña dará cuenta al fiscal general del Estado de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público». Ésta era la conclusión que se transmitía, en un escueto comunicado, desde el Departamento que dirige Eduardo Torres-Dulce, de la reunión mantenida entre el propio fiscal general y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y su número dos, el teniente fiscal, Francisco Bañeres, donde se estudió el resultado de las diligencias abiertas el pasado sábado, un día antes de la «consulta» del 9-N. En esa reunión estuvo presente también el responsable de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, Jaime Moreno. De esta forma, será la Fiscalía del TSJ catalán quien decida si interpone la querella contra Mas y algunos de sus consejeros y, en ese caso, por qué delitos.

En ese encuentro, que se prolongó por espacio de hora y media, se estudió la «valoración jurídico-penal de los hechos acaecidos en torno al proceso de participación» en los citados actos del 9-N. Entre los documentos analizados figuraba un informe remitido por los Mossos d’Esquadra sobre lo acontecido el pasado domingo.

En la reunión, según fuentes jurídicas, los responsables de la Fiscalía de Cataluña defendieron la propuesta de interponer una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, pero sin solicitar la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía de Cataluña recibió hace unos días un primer borrador de querella, que se dirige contra el presidente catalán, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, la consellera de Educación, Irene Rigau, y el conseller de Interior, Ramón Espadaler, y propone acusarles de los delitos de prevaricación y desobediencia, entre otros.

Sin embargo, el martes, Romero de Tejada reunió a fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña, que tras estudiar el borrador de la querella propusieron atenuar su alcance y, entre otros aspectos, limitar la acusación contra el Gobierno catalán a un delito de desobediencia, que no lleva aparejado pena de inhabilitación, informa Efe.

La Fiscalía de Cataluña, además, planteaba la posibilidad de excluir de la querella al consejero de Interior, Ramón Espadaler, en contra de lo que se mantenía en el primer borrador de querella analizado.

En un principio, el Ministerio Público se inclinaba por actuar penalmente contra Mas y esos tres consejeros, aunque, finalmente, parece que Espadaler quedará fuera de la querella que se presente en los próximos días ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que todos los afectados están aforados antes ese tribunal.

Lo que no se conoce es el día exacto en que se interpondrá esa querella, porque, tal como señaló el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, «los tiempos de la Fiscalía y de la Justicia no son tiempos políticos ni mediáticos», ya que los fiscales, añadió el pasado martes, se encargan de «examinar los hechos con absoluta imparcialidad, con objetividad». Por ello, no se actúa «ni antes ni después», sino cuando se considera que los hechos ya son «carne de proceso penal o carne de archivo».

Con este criterio de los tiempos «estrictos» de la Fiscalía y de la observancia de que «debe ser respetada siempre en atención a las circunstancias que concurren, máxime en Derecho Penal», es por lo que pidió que «se deje trabajar a los órganos judiciales, y, en este caso, al Ministerio Público».

No hay presiones

Por otro lado, las declaraciones de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, de que la Fiscalía actuaría contra Mas provocó las reacciones de las distintas asociaciones fiscales. En este sentido, el portavoz de la asociación mayoritaria, Emilio Frías, señaló a Ep que no le consta que haya existido ningún tipo de presión sobre las diligencias abiertas por la Fiscalía de Cataluña, que se siguen investigando. «Juraría que no las ha habido porque no está permitido para la ley», afirmó al respecto.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, indicó que desde este colectivo defienden la «absoluta autonomía de la Fiscalía del Gobierno» y que, según las informaciones aparecidas en prensa, «parece que la Fiscalía está aguantando y esto es bueno».