La Fiscalía cuestiona la "imparcialidad"de un juicio en Cataluña contra la ex cúpula de los Mossos

Los abogados creen que si el "tribunal mantuviera la competencia"se estaría "produciendo un cambio de reglas"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional duda de la "imparcialidad"de un juicio por rebelión y sedición a la ex cúpula de los Mossos que se celebrase en Cataluña. "¿Puede haber imparcialidad y serenidad si se mandan la rebelión y sedición a Cataluña?", se ha preguntado frente a la petición de las defensas del ex número dos de la Conselleria de Interior César Puig y del que fuera director general de la Policía autonómica Pere Soler -de la que se ha desmarcado el ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero- de que la causa se traslade a un tribunal catalán. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de once años de prisión, que reduce a cuatro en el caso de la intendente Teresa Laplana, a quien imputa un delito de sedición.

Horas más tarde, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha querido aclarar en un comunicado que "en ningún caso duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña y en el resto del territorio nacional" y ha manifestado su "confianza en la independencia de jueces y tribunales en Cataluña, así como la imparcialidad de cada juez en cada caso que se somete a su jurisdicción". En el escrito, firmado por el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, se explica que Rubira estaba exponiendo los elementos objetivos que justifican la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos y en un momento dado ha hecho referencia a la querella que dio lugar a este procedimiento, en la que el entonces fiscal general, el ya fallecido José Manuel Maza, también esgrimió para atraer la causa al Supremo “la conveniencia de preservar la necesaria serenidad en el enjuiciamiento de unas conductas que están generando un sentimiento de fractura social que no se puede desconocer”. Es precisamente a ese “ambiente de crispación”, matiza Carballo, al que se refirió su compañero durante la vista.

Y es que en esa vista de cuestiones previas al juicio, los abogados de Puig y Soler han argumentado que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar delitos de rebelión y sedición, por no formar parte de los delitos contra la forma de gobierno de los que conoce, por atribución legal, este tribunal. La defensa de Puig, que ejerce el abogado Jaime Alonso Cuevillas, ha instado al tribunal, presidido por la magistrada Concepción Espejel, a acordar la nulidad de las actuaciones y a remitir la causa a un juzgado de Barcelona, "donde se produjeron los hechos". "Si el tribunal mantuviera la competencia -ha añadido- se estaría produciendo un cambio de reglas que podría ser considerado en instancias europeas como el establecimiento de un tribunal de excepción para un caso".

"¿Por qué si antes la rebelión y la sedición no eran considerados como delitos contra la forma de gobierno ahora sí lo son?", se ha preguntado el abogado de Soler, Pau Ferrer, para quien el procedimiento debería remitirse a la Audiencia Provincial de Barcelona porque en los escritos de acusación "no se identifica ni un solo hecho delictivo que se haya producido fuera de la comunidad autónoma".

Sin embargo, el fiscal Pedro Rubira han insistido en la competencia de la Audiencia al existir "una unidad de acción"con los hechos que se juzgarán a partir del próximo martes en el Tribunal Supremo. "La diferencia radica en la participación en los mismos"de los acusados en este procedimiento, a quienes calificó de "subordinados"del ex conseller Joaquim Forn, actualmente en prisión y uno de los procesados en la causa del "procés". Este tribunal, ha insistido, sí debe conocer de los delitos de rebelión y sedición "en aquellos casos en que afectan a la forma de gobierno de la nación, ¿y cómo no va a afectar el hecho de que querer constituir una república independiente?". Además, ha añadido que, aunque las defensas "se empeñan en que los hechos se cometieron exclusivamente en la comunidad autónoma, ha habido hechos con relevancia jurídica en el extranjero y están recogidos en el auto de procesamiento y en nuestro escrito de calificación". Rubira ha recalcado asimismo que los hechos enjuiciados "han tenido repercusión en todo el territorio nacional".