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Jordi Sánchez renuncia a la política para salir de la cárcel

Tanto el Ministerio Público como VOX solicitan al Supremo que mantenga al expresidente de la ANC en prisión

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sánchez
El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sánchezlarazon

La Fiscalía del Tribunal Supremo y la acusación popular han pedido que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional.

Jordi Sánchez está dispuesto a seguir la estela de la «vía Forn» para salir de prisión. El líder soberanista y número dos de la lista de Junts per Catalunya (JxC), a quien el presidente del Parlament, Roger Torrent, propuso como candidato a la investidura, renunciará en los próximos días a su acta de diputado y a la actividad política para regresar a la docencia universitaria, tal y como anunció ayer su abogado, Jordi Pina, en su comparecencia ante los magistrados de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo (TS) que deben decidir si dejan en libertad al ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una posibilidad a la que se opone la Fiscalía.

Sánchez explicó a la Sala que es diputado de nuevo cuño y que no participó por tanto en las resoluciones del Parlament anuladas por el Tribunal Constitucional (TC). Asimismo, según fuentes jurídicas, dijo no haber recibido notificación judicial alguna en relación al referéndum ilegal del 1-O, por lo que al no ser apercibido no pudo incurrir en el delito de desobediencia.

El líder soberanista rechazó igualmente el papel de «líder carismático» del soberanismo que le atribuye el juez Pablo Llarena, que investiga a los principales responsables del «procés». Las decisiones en el seno de la ANC se toman, insistió, de manera colegiada, por lo que no dependen de él en exclusiva. De ahí que, según expuso, no hay riesgo de reiteración delictiva en caso de recuperar la libertad.

Pero la Fiscalía piensa todo lo contrario. En el informe en el que se oponen a su libertad provisional, los fiscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal y Fidel Cadena concluyen que tanto la gravedad del delito de rebelión que se le imputa como el riesgo de que vuelva a delinquir si sale de prisión «subsisten con la misma intensidad». Incluso, añade, «en el fondo de la presentación de su investidura, que sustituye a la proyectada de Puigdemont, late la persistencia en el desafío al Estado de Derecho para mantener el statu quo del abortado procés indisolublemente apoyado en la violencia para conseguir la declaración de independencia».

Para el Ministerio Público, Sánchez era «el actor principal» de las convocatorias de multitudinarias movilizaciones independentistas. Es este hecho, precisamente, el que según los fiscales «determina la vinculación de su comportamiento con la violencia». Además, remarca, el compromiso con la legalidad de las fuerzas soberanistas «no es claro y diáfano».

La Fiscalía también se opone a la concesión del permiso solicitado por Sánchez para presentarse a la investidura (aunque si finalmente abandona la política ya no tendría efectos prácticos). El derecho a la participación política , recuerda, no es absoluto. Adquirida ya la condición de diputado y pudiendo delegar su voto, subraya, «queda resguardado el contenido mínimo» de ese derecho.

La presencia de Sánchez en el Parlament, sostiene la Fiscalía, ratifica «contundentemente» ese riesgo de reiteración delictiva, pues los delitos imputados «se realizaron precisamente en el marco institucional y parlamentario».