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La Fiscalía denuncia que CDC dañó gravemente a la economía nacional

Asegura que las comisiones del 3 por ciento supusieron una lesiva alteración del mercado

  • Uno de los registros en la sede de Convèrgencia
    Uno de los registros en la sede de Convèrgencia

Tiempo de lectura 4 min.

30 de enero de 2018. 04:55h

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J.M.Zuloaga 30/1/2018

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado día 22, ante el Juzgado número 1 de El Vendrell, dentro de la causa del «3 por 100» un escrito en el que denuncia los graves perjuicios que para la economía nacional ha tenido el presunto cobro de comisiones por Convergencia Democrática de Cataluña y sus fundaciones.

A este respecto, subraya que la «economía nacional se resiente con especial virulencia cuando las defraudaciones se realizan de manera sistemática y tienen como motor a un partido político pues el hecho de que los resultados de concursos públicos de obra se vean predeterminados por la financiación de un partido político supone una grave alteración en el mercado y en la competencia empresarial que repercute gravemente en la economía nacional». Éste es uno de los argumentos que se citan para pedir el traslado del sumario a la Audiencia Nacional: «la sobresaliente cantidad de millones de euros objeto de concursos amañados conduce necesariamente a apreciar la grave repercusión a la economía nacional».

Tres parámetros

En un informe de la Guardia Civil, recuerda la Fiscalía, aportado a la causa, «se toman tres parámetros (precio de licitación, precio de adjudicación y precio final) con relación a la cuantificación de los delitos». «Cualquiera de las cantidades –agrega– conlleva una grave repercusión a la economía nacional porque las sumas reflejadas en el informe son muy elevadas, ascendiendo el precio de las licitaciones a 218.759,664 euros, en tanto el precio total de las adjudicaciones llega a los 175.000,000 euros, aproximadamente, que se corresponden con más de veinte concursos de obras y servicio públicos».

En dicho escrito, se da como acreditado que «Andreu Viloca, siendo administrador y tesorero de CDC y de la Fundación CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera del poder de CDC».

Además, es quien controlaba «en una primera instancia, de forma sistemática, los pagos encubiertos que recibe finalmente CDC, verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Forum Barcelona». «Lo anterior queda acreditado, a efectos de instrucción, por la numerosa prueba documental recopilada en las entradas y registros efectuados».

En su despacho, se intervinieron anuncios de licitaciones que «posteriormente eran adjudicadas a unas empresas con cuyos representantes se reunía previamente». «Se constató igualmente cómo dichas empresas contratistas efectuaban la oportuna donación a CatDem, tanto en proximidad a la publicación de las licitaciones como inmediatamente posterior a la adjudicación».

El pasado 24 de enero, la Guardia Civil entregó en la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre los trabajos que realiza por la presunta comisión, en el marco de las Diligencias Previas 112/2013, de los delitos contra la Administración Pública tales como malversación, cohecho y prevaricación, así como otros referentes a la alteración de precios en concursos y subastas públicos, pertenencia a grupo criminal...

Donaciones

«De las investigaciones seguidas en esas diligencias, así como de la documentación ocupada en los diferentes registros, se ha podido conocer que varias de las empresas presuntamente vinculadas a este tipo de actividades ilícitas habrían efectuado donaciones a fundaciones supuestamente próximas al partido político Convergencia Democrática de Cataluña (CDC)», dice el informe. «Cabe señalar, –precisa– que sólo en algunos casos ha sido posible cuantificar la cantidad que oscila entre el presupuesto inicial del órgano adjudicante y el precio final conocido a final de la obra o servicio conocida, bien por no haberse concluido o bien por que la correspondiente documentación no consta en los expedientes analizados. Si bien la diferencia entre el precio de adjudicación y precio final no se puede diferenciar nítidamente al no disponer de las cantidades que permiten apreciar las diferencias entre unas cifras y otras, cabe señalar que en muchos de los expedientes contenidos en este informe, se han detectado donaciones asociadas a las adjudicaciones».

«De los 24 expedientes a los que se ha tenido acceso, –agrega– se han detectado licitaciones de obras y servicios públicos de diferentes administraciones con un presupuesto de licitación agregado de 218.759.664,19 euros. De estas licitaciones se ha podido determinar que el importe de l as adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262,02 euros, a los que hay que añadir el importe que se desprende de la modificación de los proyectos, que asciende a un total de 1.777.626,84 euros, además de los importes de las correspondientes prórrogas que ascienden a 4.539.755,37 euros». De esas cantidades salieron las comisiones.

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