La Fiscalía General pide un informe sobre la querella contra ETA por genocidio

Lo solicitó en diciembre tras una carta de Dignidad y Justicia que reclama que se cree una Fiscalía especializada para investigar el asunto

La Fiscalía General del Estado pidió el pasado diciembre a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un informe sobre la querella presentada en este tribunal por una víctima de ETA –y asumida posteriormente por Dignidad y Justicia (DyJ)– por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra cinco ex dirigentes de la banda terrorista. La Fiscalía rechazó en su día la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la denuncia, pero la sección cuarta de la Sala de lo Penal rebatió este criterio e instó al juez Javier Gómez Bermúdez a abrir la investigación. El magistrado ya tiene en su poder los informes solicitados a Policía, Guardia Civil y Ertzaintza (los dos primeros favorables a la investigación por genocidio a ETA) para determinar la posible responsabilidad de los dirigentes etarras querellados: Juan Lorenzo Lasa Michelena, Eugenio Etxebeste «Antxon», José Luis Ansola Larrañaga, Francisco Múgica Garmendia «Pakito» y José Antonio Urruticoechea «Josu Ternera».

La iniciativa de la Fiscalía General del Estado se produjo a raíz de una carta remitida por el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, al entonces fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, el 18 de noviembre del pasado año. En la misiva, Portero ponía en su conocimiento la denuncia presentada por la asociación «en relación a la política de asesinatos selectivos y de expulsiones forzadas de población civil, familias enteras, de la comunidad vasca y Navarra mediante actos coactivos y de terror».

«Desplazamientos forzados»

Al mismo tiempo, el presidente de Dignidad y Justicia pedía al fiscal general la creación de una fiscalía especializada para «coordinar e investigar el alcance de los desplazamientos forzados de miles de ciudadanos españoles» residentes en ambas comunidades autónomas «actualmente dispersos por todo el territorio nacional», así como «el plan de asesinatos selectivos, actos de persecución y crímenes de lesa humanidad imprescriptibles» de ETA.

En su respuesta del pasado 1 de diciembre, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Jaime Moreno Verdejo, asegura que, dado que ya existían unas diligencias previas abiertas, procederán a «solicitar de la Fiscalía de la Audiencia Nacional informe sobre el estado actual de su tramitación».

La Fiscalía califica en esa carta de «importantes reflexiones» los argumentos de Dignidad y Justicia sobre «la posible imputación de organizaciones no estatales por la comisión de delitos de este tipo». La asociación de defensa de las víctimas asegura en su escrito que en la actualidad es «un hecho reconocido con normalidad», fuera de nuestras fronteras, el reconocimiento de la responsabilidad internacional por crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio y crímenes de guerra, por parte de los jefes y mandos intermedios de organizaciones no estatales». Una conclusión, añade, asumida por el propio Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En España, sin embargo –se queja DyJ–, «no obstante los miles de víctimas existentes», forzadas a abandonar sus hogares en el País Vasco y Navarra, «situación sin parangón» en ningún otro país de la Unión Europea, «ni tan siquiera ha sido abierta todavía sin una sola investigación oficial hasta la fecha por la posible existencia de delito internacional de expulsión de población civil».

La Fiscalía, sin embargo, no se pronuncia sobre la calificación jurídica de los hechos denunciados.