Política

Galdácano

La Fiscalía ha pedido la reapertura de 8 causas de ETA a punto de prescribir

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado en los últimos meses la reapertura de al menos ocho causas de ETA pendientes de ser resueltas y cercanas a la prescripción, fruto de la revisión de 42 procedimientos relacionados con la banda terrorista, una veintena de ellos a punto de prescribir.

Gracias a esta labor, unida al empeño de familiares de víctimas y de las asociaciones de víctimas del terrorismo, esta semana se reabría, poco antes de prescribir, el sumario por el doble atentado en López de Hoyos, el 21 de junio 1993, en el que fallecieron siete personas, seis de ellas militares.

Otra de las causas que se ha evitado que prescriba, es la del asesinato del Policía Nacional Ignacio Pérez Álvarez, el 30 de enero de 1990 en Galdácano (Vizcaya), fallecido al alcanzarle de lleno la explosión de un artefacto que había sido colocado en una bicicleta, han informado en fuentes de la Fiscalía.

Este procedimiento quedó archivado de forma provisional en 1993 hasta que, el 21 de enero, la Fiscalía solicitó a la Comisaría General de Información un informe sobre indicios que "permitieran atribuir la autoría del atentado a individuos o comandos concretos de la organización terrorista ETA, a los efectos de una posible reapertura", según el escrito remitido por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, al juez Ismael Moreno.

En este mismo escrito, al que ha tenido acceso Efe, se adjuntaba ese informe policial, que concluía que el atentado fue cometido por el "comando Txalaparta", integrado en 1990 por Oscar Abad Palacios, José Ramón Martínez García, Francisco Javier Goitia (fallecido en 1991) y María Nagore Múgica Martínez.

Los dos primeros fueron detenidos el 25 de octubre de 1991 y puestos a disposición del juzgado central de instrucción número 5, del que entonces era titular Baltasar Garzón.

Ambos reconocieron en sede policial su participación en ese atentado, "indicando que la bicicleta con el explosivo les fue proporcionada por Carmen Guisasola Solozabal y Julián Achurra Egurola, 'Pototo'".

Por ello, Zaragoza pidió incorporar al juzgado de Moreno las diligencias previas en las que aparece la declaración policial de los dos etarras y que se tomara declaración como imputados a Abad, que quedó en libertad en octubre de 2012, así como a Martínez García, Guisasola Solozabal y Achurra Egurola.

Las asociaciones de víctimas han denunciado que existen 349 causas de ETA sin resolver, de las que la Audiencia Nacional ha localizado ya 347, según la Memoria de 2012 de este tribunal hecha pública hoy.