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La Fiscalía incluirá el alquiler de los centros del 1-O en la malversación

La cantidad total se remitirá al Tribunal de Cuentas para exigir su devolución.

  • Uno de los colegios de Cataluña que el pasado 1-O se sumaron a la celebración de la consulta ilegal
    Uno de los colegios de Cataluña que el pasado 1-O se sumaron a la celebración de la consulta ilegal
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

29 de mayo de 2018. 01:17h

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F. Velasco.  Madrid. 29/5/2018

La Fiscalía del Tribunal Supremo no quiere dejar ninguna rendija abierta en la causa contra Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Raül Romeva y el resto de ex altos cargos de la Generalitat que se encuentran procesados por rebelión, malversación y desobediencia por su presunta participación en todo lo relacionado con la aprobación de «leyes de desconexión» que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre, la posterior declaración de independencia unilateral y los actos violentos que se registraron tanto ese mismo día como anteriormente, tal como sucedió en la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre.

Por ello, y para llegar al juicio con todo «amarrado» es por lo que quiere saber exactamente cuánto hubiese costado el alquiler de los 2.259 centros de votación que se instalaron para el referéndum ilegal, la mayoría de ellos colegios públicos. Para ese fin, ha solicitado que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) realice la correspondiente tasación del valor que tendría el alquiler de esos centros los días que estuvieron dedicados exclusivamente al referéndum ilegal, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de toda solvencia. Esta petición deberá ser aprobada por el instructor del procedimiento, el magistrado Pablo Llarena.

El motivo de esta pretensión del Ministerio Público es incluir la tasación resultante en las cantidades malversadas en toda la organización y celebración del 1-O. Un informe de la Guardia Civil del pasado mes de abril fijaba en casi dos millones las cantidades acreditadas que se habían malversado en ese proceso, aunque la misma podría elevarse hasta casi los dos millones y medio de euros. En el auto de procesamiento del juez Llarena se destacaba al respecto que existió una «relevante disposición de fondos públicos, que no vino impulsada por las finalidades inherentes a las competencias que tiene encomendadas la administración autonómica y que justifican la asignación de su presupuesto, sino por el objetivo de satisfacer un interés compartido con un concreto sector de electores», los que defendían el independentismo.

Además, destacaba que desde el Gobierno de la Generalitat, que entonces presidía Carles Puigdemont, y los partidos soberanistas se organizaron los locales que habían de ser utilizados como centros de votación. La actividad se encabezó por la propia presidencia y vicepresidencia de la Generalitat. Muchos de los locales de votación estaban ubicados en Centros de Atención Primaria (CAP) u otros equipamientos sanitarios, otros en locales municipales y también en no pocos centros educativos. En total, 2.259 centros de votación, de los que ahora la Fiscalía quiere saber el coste del alquiler de los mismos.

El precedente de Artur Mas

De esa forma, la Fiscalía pretende que en el delito de malversación se incluyan también el coste de alquiler de los centros de votación, de tal manera que se puedan reclamar a los responsables de esos hechos las cantidades globales. Para ello, una vez fijada y detalladas las cantidades globales, éstas se remitirán al Tribunal de Cuentas para que sea éste quien inicie los trámites correspondientes para exigir su devolución a las arcas públicas, en un procedimiento similar al que sigue contra el ex presidente catalán Artur Mas, a quien se le impuso el pago de 5,27 millones de euros por el mal uso de fondos públicos en la consulta soberanista del 9-N de 2014.

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