La Fiscalía rebaja a 4 años de prisión la petición de condena para Costa

Tras su confesión y el abono de dos millones por sus delitos fiscales, la Fiscalía reclama ahora siete años y medio para Francisco Correa, frente a los 22 que solicitaba.

Las confesiones de varios de los acusados de la “trama Gürtel” respecto a la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana en las elecciones de 2007 y 2008 se han plasmado en una sensible reducción en las peticiones de condena de la Fiscalía Anticorrupción. En sus conclusiones, la fiscal Miriam Segura ha rebajado de 22 años de prisión a siete años y tres meses su solicitud de pena para Francisco Correa, al aplicarle las atenuantes de confesión y reparación del daño causado. Y es que el pasado día 3 se hizo efectiva la transferencia de 2.060.748 de euros ordenada por el líder de la trama desde una cuenta en el Credit Suisse para hacer frente a los delitos tributarios por los que se sienta en el banquillo.

Anticorrupción no ha aplicado atenuante alguna al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que reconoció en parte los hechos durante la vista oral, pero también le reduce la solicitud de condena, que pasa ahora de siete años y nueve meses a cuatro años y tres meses por delitos electorales y falsedad documental. Para Álvaro Pérez “El Bigotes” y el supuesto “número dos” de Correa, Pablo Crespo, reclama 16 años y medio y 13 años y medio, respectivamente, muy lejos de los 27 y 22 años de prisión que solicitaba en su petición inicial.

Mínima es, sin embargo, la rebaja en el caso del ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, para quien la Fiscalía pide una condena de seis años y medio, tres meses menos que antes. Lo mismo le sucede a Cristina Ibáñez, ex gerente del PP valenciano, que se enfrenta a una petición de condena de siete años y tres meses,

Por su parte, los nueve empresarios que, tras cerrar un pacto con la Fiscalía, confesaron haber financiado ilegalmente al PP valenciano con más de 1,2 millones de euros en las referidas campañas electorales, también se han beneficiado de una reducción en las peticiones de condena que les permitirá eludir un posible ingreso en prisión.