La Generalitat se salta 17 sentencias por el bilingüismo en la Educación

No hay mejor símbolo en la construcción de un estado que tener una lengua propia. Al menos, así lo entiende el nacionalismo catalán, cuyos dirigentes están dispuestos a quemarse a lo bonzo por defender un sistema de inmersión lingüística cuyo germen arranca con la Ley de Normalización Lingüística de 1983. La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, puede acabar siendo inhabilitada si sigue desoyendo a la Justicia, tal y como señala el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, asociación que vela por los derechos lingüísticos de los padres que han decidido ir a los tribunales para que el castellano sea también lengua vehicular en las aulas catalanas.

Convivencia reclama la ejecución inmedita de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que rechaza la atención individualizada de los alumnos que exigen una educación bilingüe y asegura que el sistema «debe adaptarse a toda la clase de la que forma parte ese alumno». Que la Generalitat se escude en que ha recurrido para no acatar el fallo es una más de las tretas que utiliza, la última de un largo historial que incluye hasta 17 fallos, tanto del Tribunal Supremo como del TSJC, y a la espera de que sentencie otros dos recursos puestos el pasado 21 de febrero, a favor del bilingüismo real en la educación catalana.

El ejecutivo autonómico defiende que pueden utilizar el sistema de atención individualizada, pero los padres no quieren la segregación sino apostar por introducir el bilingüismo real. Lo han conseguido en los tribunales tras años luchando y muchos obstácyulos. El camino es largo e incluye una maraña de recursos a veces difícil de deshilar. Un ejemplo de los últimos meses lo demuestra. El TSJC cambió de criterio después de haber reclamado a la Generalitat que acatara las sentencias. Finalmente, acabó reconociendo el derecho de los padres a que sus hijos fueran escolarizados, pero puntualizó que sólo si éstos así lo pedían.

«No me arrepiento»

El problema que tiene la Generalitat ahora es que los demandantes solicitaban al TSJC que dictase medidas cautelares, precisamente para que el procedimiento no se eternizara con los recursos y se haga efectiva la doctrina del Tribunal Constitucional, que en su fallo de 2010 sobre el Estatut, dejó claro que el castellano debe vehicular en la educación junto al catalán.

«No me arrepiento, al contrario. Las leyes están para cumplirlas y los representantes legales son los primeros que tienen que dar ejemplo». Son palabras de Feliciano Sánchez, uno de los padres que en 2006 puso una de las primeras cinco denuncias al TSJC para que sus dos hijos tuvieran una educación plenamente bilingüe. «La atención individualizada es discriminatoria, inaceptable», explica este padre, que pide «celeridad» a la Justicia porque, cuando los tribunales fallaron a su favor, sus hijos ya habían superado la primera etapa de Primaria. Los demandantes apuestan por una «proporción equilibrada» de ambos idiomas, como también defienden PP y Ciutadans, los dos únicos partidos que plantan cara a la mutilación del castellano en las aulas catalanas.

Los servicios jurídicos del PP estudian el último auto del TSJC para determinar los pasos a seguir después de la última sentencia y que todo no siga como hasta ahora. También valora la situación la Fiscalía porque, como recuerda Convivencia, «el recurso de la Generalitat no debe impedir la ejecución provisional de la sentencia».

Una multa o una querella por delito de desobediencia a los tribunales por parte de la consellera Rigau es el futuro que le puede esperar por defender con uñas y dientes un sistema de inmersión lingüística que, según el presiente de la Generalitat, Artur Mas, no se toca porque «para proteger el derecho de un solo alumno que creen que se queda desprotegido quieren hundir el derecho de muchos, y eso no tiene sentido». Para Mas, el catalán «no es folclore» sino un «símbolo de identidad».