La Guardia Civil concluye que Zarrías tuvo que conocer el fraude de los ERE

«Durante el periodo 2000-2010 se realizaron, al menos, 22 modificaciones presupuestarias en el programa de “administración de relaciones laborales”. De éstas, 16 fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y seis fueron aprobadas por el titular de esta consejería –Griñán la ocupó entre 2004 y 2009 y entre 1994 y 2004 estuvo Magdalena Álvarez–. Por lo que se deduce, a juicio policial, que al menos las 16 modificaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno debieron también pasar el trámite de la Comisión General de Viceconsejeros, el organismo que formaban los “números dos” de cada consejería y que preparaba las reuniones semanales del Gobierno andaluz y los asuntos que se aprobaban en cada sesión. Los agentes consideran que tanto los miembros del Consejo de Gobierno –que presidía el presidente de la Junta de Andalucía– como los de la Comisión General de Viceconsejeros –presididas por los consejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías, y Mar Moreno en los años investigados– «habrían conocido que las modificaciones presupuestarias» sobre las que alertó la Intervención General de la Junta de Andalucía, en su informe sobre la idoneidad legal y el procedimiento contable utilizado por la Consejería de Empleo en relación con las ayudas investigadas, «estaban siendo utilizadas por la Consejería de Empleo para conceder subvenciones a la prejubilación de trabajadores, entre otras cosas».

Estas conclusiones se recogen en el informe remitido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al magistrado del Tribunal Supremo que investiga el fraude de los ERE, Alberto Jorge Barreiro, en lo que afecta a cinco aforados nacionales, sobre las «circunstancias vinculadas» a los ex consejeros de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías –considerado «hombre fuerte» de Manuel Chaves y «numero dos» del Ejecutivo andaluz entre 1996 y 2009– y María del Mar Moreno –ocupó ese mismo cargo con Griñán como presidente entre 2010 y 2012–, al que ha tenido acceso íntegro LA RAZÓN.

El trabajo de la Guardia Civil distingue la posible participación en los hechos de Zarrías y Moreno. El primero participó en ocho sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros, en las que se habrían expuestos acuerdos relacionados con la ayudas y modificaciones presupuestarias y presidió otras cuatro en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión a la que no asistió. En el caso de la segunda, no participó en ninguna de las sesiones durante los dos años en los que estuvo al frente de la Consejería de Presidencia.

Sobre Zarrías sí que existen indicios que prueban que conocía la política de ayudas y subvenciones de los ERE. Él mismo admitió en el Parlamento andaluz que trató algunas ampliaciones de crédito en la comisión de viceconsejeros. La Guardia Civil lo recuerda y señala que ya en el año 2000 hubo una modificación presupuestaria para pagar 257 millones de las antiguas pesetas a los trabajadores afectados por la crisis de una empresa cárnica. Meses más tarde hubo otra de más de 900 millones de pesetas para Jerez Industrial. El trabajo de los peritos de la Intervención General del Estado, incluido en la causa, señala que este mecanismo para pagar prejubilaciones y ayudas es ilegal.

Uno de los aspectos más importantes que figura en el trabajo policial es que la Junta pudo articular un decreto para conceder las ayudas de los ERE de manera reglada, sin la arbitrariedad con las que finalmente se otorgaron durante más de una década. En el año 2000 hubo estudios para aprobarlo e incluso se debatió en varias ocasiones en la comisión de viceconsejeros en la que estaba Zarrías –por ejemplo, el 17 de enero de 2001–. Ese proyecto incluía mecanismos para la concesión de las subvenciones públicas, con concurrencia y objetividad, lo que hubiera imposibilitado el posterior fraude. Ese decreto nunca se aprobó y en su lugar se ideó el Convenio Marco que permitió a una empresa pública de la Consejería de Empleo pagar las ayudas sin publicidad y de manera discrecional.

Los agentes de la UCO también concluyen que la Comisión de Viceconsejeros –con la presencia de Zarrías– conocía la concesión de ayudas a empresas por parte de la Consejería de Empleo y que sirvió de cortapisa para elevar algunas de ellas al Consejo de Gobierno, que tenía que aprobar las superiores a 1,2 millones de euros. El método que se siguió fue trocear la ayuda.