Cataluña

Los cargos detenidos preparaban las leyes de la República catalana para el 2-O

La Guardia Civil realizó ayer 14 detenciones y varios registros en las consejerías de Economía, Hacienda y Gobernación.

La Guardia Civil realizó ayer 14 detenciones y varios registros en las consejerías de Economía, Hacienda y Gobernación.

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La Guardia Civil asestó ayer un duro golpe a los planes del separatismo catalán que trabajaba, en secreto, en el diseño del entramado que se hubiera puesto en marcha si hubieran logrado proclamar, a partir del 2 de octubre, una República catalana.

Las detenciones realizadas ayer por la Benemérita en distintas entidades oficiales de la Generalitat, dentro del equipo que controla el vicepresidente Junqueras, responden a la estrategia de abortar las «estructuras de Estado» que se estaban ultimando para esa futura «república», según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación. Entre los delitos que se les imputan figura el de sedición.

Responsables de departamentos como Economía, Hacienda, Gobernación, Asuntos Sociales y, lo que se considera especialmente importante, del Centro de Telecomunicaciones, figuran entre los arrestados.

La operación se enmarca dentro de la estrategia fijada conjuntamente por la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado para desmantelar todo el entramado que, de una forma secreta, se estaba montando para que el día 2 de octubre estuviera en marcha la nueva República catalana. Asuntos como la puesta en marcha del aparato de la Justicia y el que se ocuparía de la recaudación de los tributos y todas las cuotas y obligaciones del sistema de seguridad social, eran prioritarios.

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Las pesquisas de la Benemérita concluyeron que la mayoría de las personas detenidas participaban supuestamente en la elaboración de esas estructuras, que se habrían puesto en marcha en el momento de la proclamación de la citada «república», justo después del referéndum del 1-O que los separatistas daban por ganado antes de celebrarse. Todo ello podría conllevar, insisten las fuentes, un delito de sedición.

Las investigaciones en marcha permiten adelantar que la consulta convocada por las instituciones gobernadas por los partidos separatistas nunca tendrá lugar.

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En la operación de ayer, los agentes clonaron (copiaron) los ordenadores y otros elementos telemáticos de los arrestados. Se supone que en ellos se encuentran definidas esas «estructuras de estado», lo que, según las fuentes consultadas, demuestra la voluntad la proclamar la independencia de Cataluña al margen de la legalidad vigente y en contra de las resoluciones de los tribunales de justicia.

Los detenidos en la operación son considerados como el «núcleo duro» de Junqueras y están encabezados por su «número dos», Josep María Jové.

Tras la definición que se hacía en la ley aprobada en su día por los partidos separatistas, en el sentido de que «Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social», era necesario articular todo el entramado del nuevo estado. Los detenidos habían iniciado sus trabajos hace meses con el fin de tenerlos ultimados el próximo mes.

Según los textos conocidos, lo previsto era que la administración de la Generalitat, «que incluye todas las administraciones de Cataluña», suceda a la administración de España en el territorio definido como nuevo Estado catalán. Con ello, se lograría el primer objetivo de dejar sin vigencia en la nueva «república» los textos legales españoles que, lógicamente, deberían ser sustituidos por otros, elaborados por los separatistas a la mayor brevedad posible. En todo este entramado de textos y normas trabajaban los arrestados ayer, con el fin de que la nueva «república» tuviera un corto período de transitoriedad.

En uno de los aspectos en los que, al parecer, se trabajaba con mayor celeridad (además del económico) era en el referido a la Justicia. Aunque estaba previsto que se siguieran aplicando las leyes que están en vigor, los titulares de los órganos superiores de la Justicia en Cataluña serían nombrados por los responsables de la «república». Las prisas se debían a que había que articular las normas que permitieran sobreseer o anular «los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta». Entre los condenados, casualmente, figura el expresidente Artur Mas, que estaba al frente de la Generalitat cuando se organizó el 9-N.