Trapero utilizó a los Mossos como «brazo ejecutor» de la independencia

La Guardia Civil concluye que el 1-O actuó «en conexión directa» con Puigdemont y Junqueras.

La Guardia Civil atribuye al mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, un papel nuclear en la ejecución del plan soberanista. Según el informe remitido por el Instituto Armado a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga a Trapero por sedición, el responsable policial actuó el 1-O «en conexión directa» con el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, para convertir a la Policía autonómica en el «brazo ejecutor» de esa estrategia hacia la independencia de Cataluña.

Así consta en un documento intervenido el pasado 20 de septiembre en el registro del domicilio de Josep Maria Llové, «número dos» de Junqueras en la Consejería de Economía, que la Guardia Civil considera «una verdadera hoja de ruta para alcanzar la independencia de Cataluña». El citado documento, titulado «Reenfocant el procés d´independencia per a un resultat exitós», fija los objetivos para conseguir un Estado Propio. En ejecución de ese plan, la Guardia Civil concluye que la «inacción» de los Mossos el pasado 1-O no fue «arbitraria», sino que se corresponde con el papel «que ese cuerpo policial juega en la estrategia hacia la independencia», a las órdenes de un comité estratégico en el que los presidentes de las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart –investigados también por sedición junto a la intendente de los Mossos– juegan «un papel trascendental».

Pero el informe va más allá y afirma que los Mossos se dedicaron a dar «protección a las personas encargadas de preparar la logística del referéndum» suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional, a través incluso de labores de «contravigilancia sobre las personas más expuestas» en la organización del 1-O.

Por parte de los Mossos, hace hincapié el Instituto Armado, «no existía ninguna voluntad de cumplir con la orden» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de cerrar los pseudocolegios electorales y retirar las urnas del referéndum ilegal. La ser la pasividad de los agentes «tan generalizada», continúa, «debían existir órdenes a los Mossos d´Esquadra de no intervenir, incumpliendo la orden dada por la magistrada» que investiga a Puigdemont y su Govern por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El documento intervenido a Jové contempla la creación de dos comités: uno estratégico y otro ejecutivo que trabajarían «para llevar a cabo la desconexión» bajo un marco legal en cuya redacción la Guardia Civil atribuye «un papel estelar» al ex magistrado del TC Carlos Viver Pi i Sunyer y al juez Santiago Vidal, suspendido por un periodo de tres años por participar en la elaboración de la hipotética Constitución catalana.

La misión del comité estratégico es definir los grandes objetivos para lograr la independencia. De él forman parte, además de Puigdemont y Junqueras, los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, entre otros. Estos últimos ocupan una «posición decisoria similar» a las de Puigdemont y su vicepresidente.

Es en el comité ejecutivo, encargado de «liderar el día a día de la implantación» del plan independentista, en el que el Instituto Armado sitúa «indudablemente» a Trapero junto, entre otros, al propio Jové. De ahí que no «deba sorprendernos», continúa el informe, que en lugar de impedir el referéndum ilegal los Mossos hicieran «justo lo contrario» en «connivencia directa» con ANC y Òmnium y siendo fiel a su «encaje como estructura de estado de una Cataluña independiente».

La hoja de ruta independentista intervenida a Jové contempla como «último recurso un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado». Asimismo, ese plan insta a asegurar el funcionamiento mínimo imprescindible de estructuras ya existentes –Mossos y CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat)– «para gestionar la desconexión y el nacimiento del Estado propio». En caso de desconexión forzosa, continúa el documento, y siempre con una «clara determinación ciudadana» y la «complicidad internacional», se apuesta por incrementar «paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado».

Respecto a los incidentes de los pasados 20 y 21 de septiembre frente a las sedes de diversas consejerías, la Guardia Civil hace hincapié en la labor desarrollada por ANC y Òmnium y sus presidentes para «impedir el cumplimiento de los mandatos de los distintos tribunales». Sánchez y Cuixart, afirma, se dirigieron a los manifestantes concentrados frente a la Consejería de Economía «alentando a la masa». Sánchez, incluso, informó de que «un grupo de los suyos iba a cortar la Gran Vía». Ambas organizaciones soberanistas utilizaron sus cuentas de Twitter para «convocar» a los manifestantes, «influyendo de forma decisiva en la permanencia en el tiempo de la concentración». Su intención era, subraya, «no facilitar de ningún modo la salida de la comisión judicial». «Es extremadamente dudoso que pudiesen obviar que estaban desarrollando una actuación al margen de las vías legalmente establecidas».