Ricardo Coarasa
La Guardia Civil vio en Cataluña “un polvorín”: “Era un clima claramente insurreccional”
Para el autor de los informes clave de la investigación, el 1-O fue “la piedra angular” para “poner al Estado en una situación de conflicto”
El autor de los informes clave de la investigación asegura que el 1-O fue “la piedra angular” para “poner al Estado en una situación de conflicto”.
El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, que elaboró los atestados clave en la investigación policial durante el proceso soberanista, ha afirmado que a partir de los accidentados registros del 20-S de 2017 en distintas consellerias se vivió en Cataluña “un clima claramente insurreccional”. En su declaración como testigo ante el tribunal que juzga a los doce líderes independentistas, el mando del Instituto Armado ha subrayado que esa actuación judicial supuso “un cambio radical” en la reacción ciudadana por las “tensiones” que se produjeron en adelante y el incremento de las concentraciones de protesta. “Aquello era literalmente un polvorín. Cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable”, ha añadido. “Afortunadamente no fue así, pero la sensación de que era un polvorín era incuestionable”.
En esa escalada de conflictividad, según ha recordado, también influyó que el día anterior, el 19 de septiembre de 2017, los agentes se incautaran en una nave de Unipost en Hospitalet de Llobregat y Tarrasa (Barcelona) de abundante material electoral para el referéndum ilegal del 1-O, lo que supuso “un golpe duro” para el independentismo.
De hecho, ha rememorado, tras los altercados durante el registro de la Consejería de Economía el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que hasta entonces investigaba un posible delito de malversación en los preparativos de la consulta soberanista, le ordenó unas diligencias urgentes sobre lo sucedido porque vio “indicios de un delito de sedición”, que remitió a la Audiencia Nacional por ser ésta la jurisdicción competente para investigarlo.
El mando policial ha precisado que de los 88 escraches contra la Guardia Civil durante el proceso independentista, 84 se produjeron del 19 de septiembre en adelante, solo dos con anterioridad y únicamente otros dos tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Ha hecho referencia también a 47 “asedios” a casas cuarteles, “insultándonos, impidiendo la entrada y salida y mostrando una actitud hostil hacia nuestra presencia”, llegando incluso a lanzar “una prenda con material inflamable” en el acuartelamiento de Igualada. Unas situaciones de acoso que también ha extendido “a mujeres e hijos” de guardias civiles.
A estos incidentes ha añadido otras 23 acciones de acoso a agentes de Policía, 23 de ellos entre el 19-S y la aplicación del 155 el 27 de octubre, y 193 cortes de carretera, en este caso tras la declaración unilateral de independencia por el Parlament.
Para el testigo, el referéndum del 1-O “no era el objetivo” del soberanismo catalán, sino “la piedra angular sobre la que pivotaba todo un proceso, que era público, para poner al Estado en una situación de conflicto”.
Todo ese proceso, ha hecho hincapié el teniente coronel, estaba plasmado en el documento “Enfocats” -intervenido a Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía y que para la Fiscalía es “la hoja de ruta” del proceso soberanista-, que supuso “la ratificación de nuestra investigación” (iniciada en enero de 206 por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional). Aunque, ha matizado, “coincidía en unas cosas y en otras no” con lo que sucedió después. El testigo se ha referido también a las anotaciones de la agenda Molesquine incautada a Jové el 20-S, que según ha dicho fueron “corroborándose en gran medida”. Para él, no hay duda de que entre los principales protagonistas del “procés” había “una unidad de propósito”.
En esa agenda, según ha recalcado, había anotaciones sobre la necesidad de ir aumentando progresivamente “el clima de conflicto con el Estado” y se dejaba constancia (al igual que en el documento “Enfocats”) de que el referéndum “debía celebrarse sí o sí” sirviéndose del “concierto” de asociaciones ciudadanas y de una financiación a través de “acuerdos marco” que permitían, ha añadido, eludir los controles al no detallarse los gastos.
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