Horrach, el Estado y la defensa buscan la exculpación de la Infanta

Los abogados de la Infanta Cristina, el fiscal Pedro Horrach y la abogada del Estado Dolores Ripoll reclaman al tribunal del “caso Nóos” que aplique la jurisprudencia resultante de la “doctrina Botín” (establecida por el Tribunal Supremo en 2007) y no reconozca a Manos Limpias legitimidad para acusar a la hermana del Rey.

Los abogados de la Infanta Cristina, el fiscal Pedro Horrach y la abogada del Estado Dolores Ripoll reclaman al tribunal del “caso Nóos” -en la primera sesión del juicio, dedicada al planteamiento de las cuestiones previas- que aplique la jurisprudencia resultante de la “doctrina Botín” (establecida por el Tribunal Supremo en 2007) y no reconozca a Manos Limpias legitimidad para acusar a la hermana del Rey, lo que supondría que Doña Cristina dejaría de ser una de las 18 acusadas, pues ni Anticorrupción ni la Abogacía del Estado la acusan de delito alguno.

El abogado Jesús María Silva -que fue el encargado de intervenir en representación de la defensa de la Infanta- pidió a las magistradas que no pase por alto la “jurisprudencia consolidada” del Tribunal Supremo, “ratificada por el Tribunal Constitucional” en 2013 y “seguida sin fisuras por tribunales menores” que impide a la acusación popular, en este caso Manos Limpias, llevar a juicio a alguien a quien ni la Fiscalía ni el perjudicado por el delito, la Agencia Tributaria, acusan.

En los delitos fiscales, subrayó Silva, (los que la acción popular imputa a Doña Cristina como cooperadora necesaria de los dos delitos tributarios que se atribuyen a Iñaki Urdangarín, en el IRPF de 2007 y 2008) lo que se protege es “el patrimonio de la Hacienda Pública en su faceta recaudatoria, con independencia de que detrás pueda haber un interés general”. La abogada del Estado hizo hincapié después en que ese “Hacienda somos todos” que invoca Manos Limpias, para defender su legitimación para acusar a la Infanta en solitario, únicamente es un recurso publicitario porque en los delitos fiscales “el Tribunal Supremo ha precisado de forma clara que el perjudicado en esos delitos es la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado”.

«Una discriminación no justificada»

Igual de contundente se mostró el fiscal Horrach, que comenzó citando a Manuel Azaña y terminó pidiendo al tribunal que “devuelva a la Justicia al lugar que le corresponde” porque “cuando la Ley es clara, no hacen falta interpretaciones”.

“No es posible que la acción popular supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado” amparándose “en el manido Hacienda somos todos”, recalcó el fiscal de Anticorrupción, para quien no hay duda de que la Agencia Tributaria “representa a todos los ciudadanos”. “¿Por qué en las mismas circunstancias ni un solo ciudadano se ha sentado en el banquillo?”, se preguntó en voz alta tras recordar “un caso idéntico” en el que la Audiencia de Vizcaya concluyó en 2014 que la acusación popular no podía abrir juicio oral. “No es sostenible que en las mismas circunstancias un ciudadano de Bilbao no se siente en el banquillo y uno juzgado en Baleares, sí”, se quejó. Así,Horrach ha manifestado así que "supondría quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada".

Para Silva, habilitar a la acusación popular cuando, como en este caso, el perjudicado por el delito, la Agencia Tributaria, sí se ha personado y no acusa a la Infanta, era ya “la peor pesadilla” para eminentes procesalistas como Emilio Gómez Orbaneja y Luis Jiménez Asúa, por lo que pidió a la Sala que no incurra en esa anomalía procesal “para que no se remuevan en sus tumbas”.

Manos Limpias se queda sola

En contra de esos argumentos, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, defendió su legitimación para acusar a la Infanta porque, dijo, el delito fiscal “afecta a los bolsillos de todos los ciudadanos”, por lo que insistió en que la Agencia Tributaria “no tiene el monopolio” de la acusación, “porque los impuestos los pagamos todos”. Para la letrada, apartar a la Infanta del proceso supondría “un ataque a las Instituciones y a la propia Corona”, pues en su opinión Doña Cristina “quedaría estigmatizada”.