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La jueza Bolaños también ha frenado el sumario de los avales de la Junta

La magistrada no ha recibido a los guardias civiles que llevan las investigaciones

  • La magistrada María Núñez Bolaños, instructora del sumario de avales
    La magistrada María Núñez Bolaños, instructora del sumario de avales
Madrid/Sevilla.

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29 de febrero de 2016. 12:31h

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Madrid/Sevilla. 29/2/2016

Y van tres. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es María Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya, mantiene paralizado el sumario relativo a los avales concedidos por la Junta de Andalucía a través de una de sus empresas públicas. Este asunto surgió del sumario de los ERE, ya que la acusación que ejerce el PP denunció que el Gobierno andaluz estaba facilitando liquidez a empresas –figurando como avalista de préstamos– sin respetar la legalidad vigente. En algunos casos, sociedades beneficiadas por los ERE también habían recibido dinero por esta vía.

En la inmensa mayoría de los casos, dichos avales resultaron fallidos, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, que tenía que responder ante las entidades financieras. El total de lo respaldado por la agencia en cuestión –la Agencia IDEA– pudo llegar a cuadruplicar su propio presupuesto.

Los otros sumarios, cuya tramitación en el mencionado juzgado es mínima o nula, son precisamente el de los ERE y el de los cursos de formación, tal y como ha informado LA RAZÓN en las últimas semanas.

En este caso de los avales de IDEA se ha dado la circunstancia, según han informado a este periódico fuentes conocedoras del asunto, de que la magistrada Núñez ni siquiera ha recibido a los agentes de la Guardia Civil encargados de las investigaciones.

Este sumario, según fuentes políticas andaluzas, es el que más preocupa a la Junta. Cualquier resolución en contra (datos hay de sobra que denotan, en grado de presunción, graves y numerosas irregularidades) sería un torpedo en la línea de flotación del poder socialista en la comunidad autónoma. Su paralización, sin que ello suponga ningún juicio de intenciones, es un motivo de tranquilidad para los socialistas que, curiosamente, a través de su Consejería de Justicia, serían los encargados de dotar de más medios al juzgado de Núñez. Cuando llegan, lo hacen con cuentagotas. Pedir al investigado que contribuya a las pesquisas no deja de ser un ejercicio conforme a ley.

Hay que recordar de que se trata de un asunto de largo recorrido. La Fiscalía Anticorrupción solicitó en noviembre de 2013 la apertura de un procedimiento penal independiente por los indicios fraudulentos detectados en la Agencia IDEA en la concesión de ayudas bajo la apariencia de avales, préstamos y garantía de préstamos desde 2009 a empresas. Una nueva línea de investigación sobre ayudas que pudieran haber generado menoscabo de fondos públicos.

En febrero de 2015, la jueza Mercedes Alaya decidió impulsar esta causa y citó a declarar como imputados por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al ex consejero de Innovación, Martín Soler; al ex viceconsejero Jesús María Rodríguez; al ex director de IDEA y al ex secretario general de Innovación, Juan Francisco Sánchez García. Ya estaban imputados en la «trama de los ERE», al igual que el que fuera director de la agencia, Jacinto Cañete.

La agencia IDEA habría concedido avales a empresas que superaban su techo presupuestario. De hecho, pudo otorgar 71 millones de euros cuando sólo podía conceder 18 millones.

En mayo de 2015, la jueza Mercedes Alaya, al día siguiente de conocerse que el CGPJ designaba para su plaza a María Núñez Bolaños, dirigió un informe al TSJA para pedir continuar en comisión de servicio con las macrocausas de los ERE, los cursos de formación y la trama de los avales de IDEA. Y en octubre, la Comisión Permanente del CGPJ ratificó por unanimidad la decisión del TSJA de apartarla de las macrocausas del Juzgado 6 de Sevilla que ella misma abandonó.

A comienzos del pasado mes de febrero, la Cámara de Cuentas emitía un nuevo informe en el que alertaba de un sinfín de irregularidades en la agencia. Constataba el uso irregular de las transferencias de financiación que sustentan el «caso de los ERE» y señalaba que en 2012 acumulaba pérdidas por 444 millones de euros.

Los auditores advertían de que el riesgo por la concesión de avales públicos superaba los cien millones de euros, «concentrados en algunas empresas». De hecho, la Intervención, ya con Susana Díaz como presidenta, emitió un informe de actuación en relación con dos expedientes de aval a las empresas A Novo Comlink España, S.L. y Dolmen Consulting Inmobiliario, S.L.105».

Menoscabo de fondos

La Intervención argumentaba que «el importe que la Agencia IDEA pudiera recuperar los avales ejecutados ingresos de derecho público de la Junta de Andalucía y, como tales, deben ser reintegrados a la Tesorería de la Junta de Andalucía». Lo contrario podría dar lugar a «menoscabo de fondos públicos», circunstancia que sí podría darse en un préstamo entregado «a Santana Motor sin autorización del Consejo de Gobierno, y sin que los mismos hayan sido recuperados por IDEA dada la situación en que se encuentra desde hace años».

No obstante, el pasado mes de enero, el Tribunal de Cuentas desestimó responsabilidad contable en los avales otorgados entre 2000 y 2006. La Junta destacó entonces que era la cuarta ocasión en la que el Tribunal de Cuentas fallaba a favor de IDEA.

Otro juzgado de Instrucción, el número 5 de Sevilla, con la titular Beatriz González al frente, mantiene abierta otra investigación sobre las ayudas de los fondos Jeremie que gestionó el Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), dependiente de la Agencia IDEA, por importe de 185 millones de euros en el periodo 2007-2013.

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