La Junta fijaba las sobrecomisiones de los ERE con las mediadoras

La Junta de Andalucía conocía las sobrecomisiones que pagaba a los intermediarios de los ERE. Eso se desprende de los documentos que figuran en poder del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla consultados por LA RAZÓN. En uno de ellos, la consultora Uniter trasladó a la Consejería de Empleo tres ofertas de compañías de seguros para hacerse cargo de las primas de las pólizas de prejubilaciones de los trabajadores de Delphi. El importe desglosado incluía la siguiente advertencia: «Las primas están calculadas al 0 por ciento de comisión. Los gastos externos y sus detalles se concretarán por esa viceconsejería». Se refiere al viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el representante de la mediadora era José González Matas. Ambos están imputados en la causa.

En el último auto de prisión de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social desde el 6 de octubre de 1999 hasta el 29 de abril de 2008, la juez Mercedes Alaya asegura que el ex alto cargo «recibiría para sí por parte de los inculpados Antonio Albarracín, Juan Lanzas Fernández y José González Matas, dádivas o presentes a cambio de los cuales omitiría la celebración de licitación pública para la designación de las consultoras en los procesos de reestructuración empresarial y permitiría, tanto a Vitalia como a Uniter por su gestión de las pólizas de rentas, unas comisiones elevadísimas en relación al precio de mercado, superiores en un 15 %, y que serían soportadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía». Según el sumario, la práctica de trabajar con las consultoras sin mediar concurso estaba institucionalizada y prosiguió tras la marcha de Guerrero.

Con respecto al caso concreto de Delphi –al que se refiere el documento–, Alaya asegura en el mismo auto que «Uniter cobró sobrecomisiones de unos 7.000.000 de euros». El de esta empresa ubicada en la Bahía de Cádiz fue uno de los ERE más importantes, ya que en él se incluyó también a trabajadores de la industria auxiliar. El número de prejubilados superó los 600. Parte del dinero de las comisiones fue también al entorno de los sindicatos UGT y CC OO por sus labores de «asesoramiento».

Según la instructora, «Guerrero recibiría parte de las comisiones cobradas por Uniter, que terminaron en empresas favorecidas arbitrariamente por el director general de Trabajo», para lo que contaba con la colaboración de Estudios Jurídicos Villasís, despacho de abogados que recibía el dinero de Uniter y luego lo transfería a sociedades del entorno del ex alto cargo de Empleo.

La expresión «gastos externos» utilizada en el documento dirigido a la Consejería no es casual. Bajo este epígrafe se camuflaban las comisiones en las pólizas. Por ejemplo, en el ERE de 2007 de Mercasevilla aparecía una partida bajo ese epígrafe que ascendía a 1.846.240,30 euros.

Hasta que la investigación no ha desvelado esta práctica, el Ejecutivo andaluz negó de manera sistemática el pago de comisiones o la presencia de intermediarios en los ERE que financiaba con dinero público. Los documentos demuestran que sí lo conocían.

En la comisión de investigación celebrado en verano en el Parlamento de Andalucía, José González Matas aseguró que las comisiones de su empresa alcanzaron de media el 7,8%, porcentaje al que habría que descontar el coste de la asesoría a los prejubilados durante los años de vigencia de los planes de prejubilaciones, que cifró en unos dos millones de euros al año según un estudio encargado por él mismo. Por ello, redujo la «comisión neta» percibida por la mediadora en torno al 2 o 3 por ciento. Pese a que la investigación de la Guardia Civil está bajo secreto de sumario, los indicios demuestran que eran cantidades superiores en función de los que entraran en el reparto.

Está previsto que el dueño de Uniter declare hoy por la tarde ante la juez. También lo hará el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal, concluyendo así la primera etapa de la «operación Hércules», que, de momento, se ha saldado con 22 detenciones y 7 personas en prisión preventiva.

Una trama que Antonio Fernández «consentía»

La juez Alaya implica como presunto conocedor de las irregularidades al consejero de Empleo, cargo que ocupaba entre 2004 y 2010 el ya imputado y en libertad con fianza Antonio Fernández. La juez argumenta que las sobrecomisiones «se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia y el director general de Trabajo», el encarcelado por segunda vez Francisco Javier Guerrero, pero «con el consentimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos», esto es, el ex consejero Fernández y los encarcelados Pascual y Vaqué.

Alaya sostiene que «la Junta consentiría» las «irregularidades» en «claro perjuicio del erario público, como también consentiría en esta póliza la inclusión de esposas de sindicalistas, amigos de Juan Lanzas». Albarracín declaró que «antes de que llegara el tema a Vitalia, la empresa, los sindicatos y la Junta ya habían pactado la parte que pagaba la Junta» y «la empresa».