Tribunal Supremo

La Justicia alemana cuestiona ahora el delito de malversación contra Puigdemont

Los jueces alemantes defienden que no hay «motivación política» tras la petición de España de detener a Puigdemont

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, tras abandonar la cárcel alemana
El expresidente catalán, Carles Puigdemont, tras abandonar la cárcel alemanalarazon

Los jueces alemanes piden al Supremo más información sobre los pagos de los gastos del referéndum ilegal del 1-O. Asimismo, defienden que no hay «motivación política» tras la petición de España de detener a Puigdemont.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha dejado claro que en el pedido de la justicia española para la extradición del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no existe una "motivación política".

"No hay indicios de que, entre los actos criminales que las autoridades españolas imputan al acusado, haya cargos que se le atribuyan con intención de detenerle por motivos políticos", subraya el auto emitido por la Audiencia el pasado jueves y difundido hoy, por lo que se rechazan tales argumentaciones de su defensa.

Por otra parte, la Justicia alemana cuestiona el delito de malversación de la euroorden contra Carles Puigdemont y pide más información al considerar que falta concreción. La resolución del tribunal de Schleswig-Holstein que el pasado viernes denegó que se apreciara un delito de rebelión en la actuación del expresidente catalán pone en duda también el delito de malversación de fondos públicos. Así, los jueces han solicitado al Supremo que envíe información complementaria para poder tomar una decisión. En concreto el auto manifiesta: «No contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjo el delito con la necesaria concreción de la acusación que permita asociarlo de manera suficiente a los hechos que se le imputan».

Según los jueces alemanes los gastos por la consulta independentista se engloban dentro del delito de corrupción, por lo que no ven necesario una doble incriminación. Asimismo, piden que se especifiquen los pagos por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre, ya que consideran que de no haberse producido dichos pagos, ni haber desembolso público, no habría delito.