La Audiencia investigará al régimen sirio

El juez Velasco admite a trámite la primera querella presentada en España contra el Gobierno de Al-Assad al apreciar indicios de terrorismo en la desaparición del hermano de una española

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la primera querella presentada en España contra el Gobierno sirio que preside Bashar Al-Assad por terrorismo. En contra del criterio de la Fiscalía, el magistrado Eloy Velasco ha decidido investigar la muerte del ciudadano sirio Abdulmuemen Alhaj-Hamdo al apreciar indicios de delitos de terrorismo y desaparición forzada en los hechos denunciados por la hermana de la víctima, Amal Hag-Hamdo, de nacionalidad española, de los que responsabiliza a nueve altos mandos del Ejército siria.

El juez de la Audiencia Nacional ya ha dado los primeros pasos para intentar esclarecer los hechos y ha citado a declarar a seis testigos y un perito, entre ellos la propia querellante, el periodista español Javier Espinosa (que estuvo secuestrado en Siria desde septiembre de 2013 a marzo de 2014) y un ex policía militar forense sirio (al que únicamente se identifica con el alias de «César») que fotografió el cadáver del hermano de la denunciante.

En la resolución en la que admite a trámite la querella, Velasco recuerda que Abdulmuemen Alhaj-Hamdo, transportista de profesión, desapareció el 17 de febrero de 2013 cuando realizaba su ruta diaria de reparto entre su ciudad natal, Mashta el Helou, y Homs. Su familia no supo de su paradero hasta mediados de 2015, cuando su hijo mayor reconoció a su padre en varias fotografías tomadas por «César», quien por orden de sus superiores fotografió los cuerpos de las personas ejecutadas en centros sirios de detención ilegal.

El magistrado descarta la competencia española para investigar la posible comisión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura, pero sí la acepta en el caso de los de terrorismo y desaparición forzada dado que, recalca, la consideración de víctima en ambos casos se extiende a los familiares afectados. En este caso, al ser española la hermana, la Audiencia está habilitada para instruir la causa, argumenta Velasco. En apoyo de esa tesis esgrime el convenio de Nueva York para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de diciembre de 2006 y ratificado por España en septiembre de 2007, que considera víctima a toda persona «que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada».

Las fotografías tomadas por «César» acreditan, según el juez (que recuerda que su autenticidad ha sido ratificada por servicios de inteligencia de varios países, incluidos el FBI y Scotland Yard), que Alhaj-Hamdo estuvo detenido y fue «torturado y ejecutado en el centro de detención ilegal 248 del Departamento de Inteligencia Militar» situado en Damasco. Su cuerpo, añade, muestra «claras señales de tortura». Varios supervivientes, recuerda, relataron que los detenidos eran hacinados y padecían «una acuciante falta de comida, agua potable y tratamiento médico» y eran torturados «a diario».

La querellante atribuye al Gobierno sirio la puesta en marcha, tras el levantamiento fruto de la «Primavera Árabe», de un «plan de seguridad terrorista» –por parte de altos cargos de las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia– para «sembrar el terror e intimidar a la población civil» mediante detenciones masivas, torturas y desapariciones forzadas.

Según las fotografías tomadas por el ex policía militar forense sirio en las que aparece el desaparecido Hag-Hamdo, éste figura como el prisionero 69, con el número de fallecimiento 4.822 en el centro de detención ilegal 248 del Departamento de Inteligencia Militar situado en Damasco. El archivo fotográfico de «César» incluye más de 50.000 instantáneas, de las que 28.707 corresponden a fallecidos en los centros de detención sirios controlados por las agencias de seguridad.