La ley de régimen disciplinario militar supera su tramitación en el Senado

El Senado ha dado luz verde a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, con el consenso de PP y PSOE, que ahora pasará al Congreso para su aprobación definitiva.

El Senado ha dado hoy luz verde a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, con el consenso de PP y PSOE, que ahora pasará al Congreso para su aprobación definitiva, informa EFE.

El Pleno de la Cámara baja ha respaldado con una amplia mayoría -209 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones- el dictamen de la Comisión de Defensa sobre el proyecto de ley, aprobado por el Gobierno el 10 de mayo del pasado año.

Ahora esta nueva normativa, que afectará a los más de 120.000 militares españoles, concluirá su tramitación parlamentaria sometiéndose a su debate y votación ante el Pleno del Congreso, previsiblemente la próxima semana.

El consenso entre PP y PSOE ha permitido introducir pequeños retoques técnicos en el texto remitido por el Congreso, según han destacado los portavoces de los grupos mayoritarios.

El presidente de la Comisión de Defensa, Santiago López Valdivielso, ha destacado el amplio consenso mantenido en el debate y la tramitación del texto remitido por el Congreso, al que se han presentado dos vetos y 230 enmiendas parciales.

El senador de CiU Josep Maldonado ha justificado el voto en contra de su grupo, que en el Congreso había dado votado favorablemente, al no incorporar los derechos de cualquier ciudadano español a los militares, en alusión al derecho a sindicarse.

Por su parte, los senadores Jesús Enrique Iglesias y José Manuel Mariscal, de IU -formación integrada en el Grupo Mixto-, han defendido un veto porque “la vocación de la ley no avanza en la consagración de los derechos de ciudadanía y participación de los militares”.

El veto ha sido rechazado por 141 votos en contra, 5 a favor y 77 abstenciones.

A su paso por el Congreso ya se modificó el texto del Gobierno en materia de igualdad de género, acoso sexual y garantías de procedimiento judicial para el arrestado entre otros aspectos.

La nueva ley, que sustituirá a la anterior ley de 1998, supone una revisión de infracciones y sanciones e introduce como novedad sanciones económicas.