La lista negra de Gómez Besteiro de funcionarios del PP

Era, según la jueza que investiga la «trama Pulpo», una «pieza clave» en el supuesto entramado de adjudicaciones irregulares. Su labor, señala la instructora, iba «más allá de las funciones propias de su puesto de trabajo» –jefa de Prensa de la Diputación de Lugo–que ostentaba, ejerciendo «una labor de asesoramiento» de su entonces presidente, José Ramón Gómez Besteiro.

De la investigación realizada, la jueza De Lara atribuye a Leticia Vilar –citada a declarar el próximo 11 de mayo– «un poder de dirección» dentro de la Diputación, pese a su puesto de directora de Comunicación. Entre otras cosas, llega a esa conclusión a tenor de los documentos intervenidos en su ordenador profesional, en el que albergaba, por ejemplo, una serie de tablas Excel con «parte de los asientos y registros extraídos de la contabilidad irregular de la Diputación». Los investigadores no se explican por qué razón esa documentación referente a la contabilidad del ente público, incluidos datos personales de sus funcionarios, obraba en su poder.

Además, los agentes encontraron también otro documento con un listado de trabajadores de la Diputación de Lugo «que pudieran tener relación con el Partido Popular», en el que estaban señalados «sus puestos anteriores y los actuales».

Del mismo modo, Vilar guardaba en el ordenador –reseña la magistrada en su resolución– documentos relacionados con «expedientes administrativos de contratación y facturas», pese a que la responsable de Comunicación de la entidad carecía de competencias en esa materia.

De Lara pone incluso bajo sospecha su acceso al cargo, pues asegura que habría obtenido la plaza «de forma supuestamente ilícita». Lo hizo, explica, a través de Gómez Besteiro cuando el líder de los socialistas gallegos accede a la Presidencia de la Diputación de Lugo en 2007. Él fue quien la nombró jefa de Comunicación, creando a posteriori una plaza de «licenciado en Xornalismo», que no existía en plantilla, para adjudicársela supuestamente a dedo «creando aparentemente un proceso legal y competitivo» pese a que la plaza estaba «previamente asignada».

La jueza explica que el también imputado Juan Carlos Fernández Pulpeiro dependía «funcional y orgánicamente», como jefe de Protocolo, del servicio de Relaciones Institucionales que, a su vez, depende de Presidencia, sometiéndose al jefe de Gabinete de Gómez Besteiro «como a la directora de Comunicación», por lo que existía «un continuo flujo de intercambio de información».

De Lara sostiene que los cargos públicos y funcionarios investigados, pertenecientes todos a la Diputación de Lugo, habrían actuado «coordinadamente», perpetrando «un cúmulo de irregularidades» consistentes en la supuesta contratación ilícita y manipulación de concursos «para beneficiar a determinados empresarios», otorgando subvenciones de forma fraudulenta y desviando fondos públicos. Y todo se habría llevado a cabo, añade, «sin que los encargados de velar por la legalidad y de fiscalizar jurídica y contablemente» esas actuaciones cumpliesen «con la misión legalmente encomendada de preservar el interés público», llegando incluso a «participar directamente en tales ilicitudes».

La magistrada ha dado diez días de plazo a la Diputación de Lugo para que su secretario e interventor remitan a su juzgado un «informe detallado» en el que se especifiquen, entre otras cosas, todas las partidas de gasto del programa Lugo 02, el importe de los fondos provenientes de la Unión Europea y «todas las cantidades invertidas» en relación con el otro programa bajo sospecha, Km 0, «con detalle de todas las partidas».