La mayoría de empresas «donantes» contrataron con gobiernos distintos al PP

Directivos vinculados a ochos importantes empresas de construcción declararán ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a finales del próximo mes de mayo por la querella interpuesta por Izquierda Unida al aparecer esos nombres en los conocidos como «papeles de Bárcenas».

Directivos vinculados a ochos importantes empresas de construcción declararán ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a finales del próximo mes de mayo por la querella interpuesta por Izquierda Unida al aparecer esos nombres en los conocidos como «papeles de Bárcenas». En relación con ello, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha elaborado un informe, fechado el pasado 29 de abril, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se analiza ese extremo y se pone en relación con las adjudicaciones de contratos públicos por parte de las distintas administraciones, y, especialmente, por aquellas gobernadas por el Partido Popular.

Llama la atención que los encargados de redactar ese informe no se han centrado en analizar lo relacionado con el periodo temporal objeto de controversia, sino que se han extendido hasta finales de 2012, cuando los populares habían regresado al Gobierno tras las elecciones de noviembre de 2011. Junto a ello, se admite que en los apuntes de las «fotocopias» de Bárcenas figuran otras personas, además de los empresarios y de los políticos vinculados al PP que reconocieron haber recibido dinero del partido, al margen de su sueldo oficial, para distintas «partidas» –ayudar a rehabilitar una vivienda de una mujer víctima de un atentado de ETA, un préstamo o para subvenciones de dos fundaciones–, que no ha sido posible identificar. «Figuran otras personas que, en estos momentos y con la documentación disponible no es posible su identificación de forma plena», se señala al respecto.

En cuanto a los empresarios que aparecen como «donantes» del PP, los mismos están vinculados a estas firmas: Constructora Hispánica, OHL, Obrascón Huarte, Grupo Sando, Sacyr Vallehermoso, FCC, Grupo Rubau, Aldesa, Sedesa, Copasa, Copisa/Sirigué, Urazca y Azvi. La UDEF realiza un análisis de «la contratación pública de los aportantes de fondos», del que no se puede extraer ningún tipo de conclusión. Directivos de las ochos primeras empresas son los que han sido citados por el juez Ruz en calidad de querellados.

En todo caso, se constata que en muchos casos las contrataciones públicas realizadas en periodos de gobiernos del PP disminuyen en comparación al número de contrataciones realizadas por parte de otras administraciones públicas, en otros periodos o en administraciones que no estaban gobernadas por la citada formación política. Así, se observa en este punto que sólo tres de esas ocho empresas recibieron contratos de administraciones públicas gobernadas por el PP tras los correspondientes concursos públicos, de los que no se menciona irregularidad alguna.

En cambio, hay otras cuatro empresas que recibieron muchos más contratos por otras entidades públicas, ya fuese a nivel central, autonómico o local, cuando existían gobiernos distintos al popular, mientras que una quinta recibió prácticamente la mitad y otras tres sí obtuvieron más adjudicaciones de ejecutivos del PP.

De esta forma, en el informe policial al analizar, por ejemplo, las contrataciones de OHL, se observa cómo entre los años 2002 y 2009 –periodo al que se refiere el dictamen policial a este empresa– fue adjudicataria de un total de 615 obras concedidas por las distintas administraciones, de las que sólo 215 fueron otorgadas por las gobernadas por el PP. Estos datos indican que sólo el 34,7 por ciento de los contratos logrados lo fueron bajo gobierno popular.

Un resultado más llamativo es el referido al grupo Sando, donde en el periodo entre 2002 y 2012, de los 222 contratos sólo 51 lo fueron por órganos públicos gobernados por el PP, o, lo que es lo mismo, el 86,64 por ciento de su volumen de contratación se produjo con administraciones regidas por formaciones políticas distintas al PP.

Pero incluso llama más la atención los datos del grupo de empresas Azvi, ya que en esos diez mismos años, de las 802 adjudicaciones sólo 21 lo fueron por administraciones regidas por gobiernos populares, lo que representa un escaso 2,61 por ciento.

En ese mismo periodo de tiempo, la empresa Sacyr Vallehermoso recibió 377 adjudicaciones públicas, de las que 117 –un tercio del total– fueron otorgadas por gobiernos del PP; y respecto a Constructora Hispánica, los datos indican que, prácticamente, la mitad de las contrataciones las obtuvo por entes públicos gobernados por el PP y por otros partidos. En cambio, las empresas FCC y Rubau sí lograron más adjudicaciones por parte de las distintas administraciones cuando eran gobernadas por el Partido Popular.