La Policía cree que las obras del Puerto de Barcelona eran el centro de las comisiones

La UDEF ha entregado ya un primer informe a Ruz con la declaración del empresario que señala a Felip Puig

Las revelaciones realizadas por el empresario francés que aseguró que el conseller del Gobierno de la Generalitat Felip Puig le había pedido una comisión del 5 por 100 como condición para realizar una obra en el Puerto de Barcelona han permitido «dinamizar» una serie de investigaciones que la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ), a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ya tiene en marcha por una serie de irregularidades, que podrían derivar en conductas delictivas, que afectan a dicho Puerto.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, los agentes de la Policía tienen, desde hace tiempo, abiertas varias líneas de investigación sobre el Puerto de Barcelona, cuyas pesquisas se realizan dentro del mayor secreto con el fin de no alertar a los posibles culpables de dichas irregularidades.

Los trabajos no afectan solamente a las obras públicas realizadas en el Puerto (sobre las que se han abierto algunos procedimientos judiciales en Barcelona) y al consiguiente cobro de comisiones, sino a otros aspectos del funcionamiento del puerto, sobre los que se han producido denuncias ante la autoridad judicial o la propia UDEF; o irregularidades detectadas a lo largo de las pesquisas. Los agentes saben por experiencia que, en muchas ocasiones, un caso lleva a otro en función de las pistas que se obtienen a lo largo de los trabajos.

Las fuentes consultadas, que han pedido en todo momento discreción y tiempo, por la dimensión que pueden llegar a alcanzar las investigaciones en marcha, insisten en que la denuncia del empresario francés ha permitido conocer una serie de detalles, en este caso sobre la obra pública, de los que no se tenía conocimiento y que, en su momento, cuando las diligencias estén concluidas, serán puestas en conocimiento de la autoridad judicial.

De momento, en lo que se refiere a la denuncia del empresario francés, al que, tal y como adelantó este periódico se tomó declaración la semana pasada, la UDEF mantiene permanentemente informado al titular del Juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, al que ya han remitido un informe inicial.

El magistrado mantiene secretas las actuaciones y medios cercanos a la investigación han revelado que la UDEF va a destinar a todos los agentes disponibles para completar, no sólo esta investigación, sino las otras que afectan a la entidad portuaria. La impresión que se tiene, conforme avanzan las pesquisas, es que en los últimos años se han podido cometer muchas irregularidades, algunas no conocidas aún.

El trabajo que en este caso ha emprendido la UDEF es arduo y va a llevar su tiempo, agregaron los mismos medios, ya que son muchos los datos que hay que comprobar de los aportados por el empresario francés; circunstancias en que se produjo la adjudicación de la obra del Puerto de Barcelona a la que hace referencia y que perdió por no pagar la comisión del 5 por 100; etcétera.

El Puerto de Barcelona ha sido objeto de otras investigaciones, algunas de ellas realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, como la que afectó a las obras del Dique Este. Se solicitó la apertura de juicio oral por un presunto fraude durante las obras ejecutadas para su construcción, adjudicadas en 2001. La Fiscalía mantenía que se había producido una confabulación entre la Unión Temporal de Empresas (UTE) a las que se encargó la obra, y unos de sus proveedores de piedra con el fin de facturar material inexistente y enriquecerse a costa del presupuesto de los trabajos. El importe de lo defraudado alcanzaría los 35 millones de euros.

La Fiscalía mantenía que dicho proveedor carecía de la infraestructura necesaria como para la extracción y transporte de la piedra necesaria para una obra de esa magnitud. En octubre del año pasado, la jueza encargada del caso dictó el auto de cierre de las investigaciones, para que se celebrase el juicio, y mantuvo imputadas a 13 personas por haber presuntamente estafado al Puerto con facturas ficticias que incrementaron el coste de las obras. Alguna de las empresas que formaban parte de la citada UTE aparecían citadas en el informe que la UDEF hizo llegar al juez Ruz en agosto del año pasado y que fue adelantado por LA RAZÓN. Entre otros asuntos, se abordaba la posible relación de Felip Puig, a través de su hermano Jordi, con Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex presidente de la Generalitat de Cataluña.